Hay una significativa probabilidad de que los servicios de plataformas VTC como Cabify o Uber desaparezcan de muchas ciudades en octubre de este año. ¿La razón? La falta de regulación de dicho servicio por parte de las Comunidades Autónomas, que han tenido un periodo de cuatro años para legislar, lo que a día de hoy no ha sido llevado a cabo por casi ninguna de ellas con excepción de Madrid, Castilla-La Mancha y Cataluña

El problema se genera en 2018 tras las protestas del hasta entonces monopolio del taxi en contra de la nueva competencia. Entonces, el Gobierno aprueba el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como “Decreto Ábalos”, que prohibía a las licencias VTC realizar trayectos urbanos más allá de octubre de 2022. Además “transfería”el problema a las Comunidades Autónomas, otorgándoles las competencias para regular las VTC en sus ámbitos regionales. En la norma se fijaba un periodo de cuatro años para la amortización de las licencias de VTC que se habían concedido.

El impacto sobre el empleo se fijó, en un estudio de ASEVAL Madrid y Unauto/VTC de 2021, en un total de 61.700 puestos de trabajo, entre unos 41.200 empleos directos y otros 20.500 indirectos.

Además, en ese mismo estudio que analizaba a fondo el impacto económico de una “no legislación” -el panorama actual- se valoraba el coste en casi un millón de euros en 2021 y en más de dos millones y medio futuros atendiendo al potencial de crecimiento del sector.

En el caso de que las comunidades autónomas no regulen las licencias VTC, estas dejarían de poder seguir prestando servicios urbanos. O como mínimo, las empresas del sector quedarían en una especie de limbo sin regulación que definiese su labor. Es altamente improbable que todas lleguen a octubre con una regulación, ya que siendo realistas y estando en estas fechas, va a haber muchas CC.AA. que no van a llegar a tiempo. Se deberá a los trámites parlamentarios obligatorios que tienen que pasar y porque agosto es un mes prácticamente inhábil a nivel legislativo.

Una posible solución es que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana intervenga y amplíe este periodo de cuatro años, para que a las CC.AA. les dé tiempo a sacar sus regulaciones. Una razón de sentido común y que todos hemos vivido es que en esos años hemos sufrido una pandemia de casi un año y medio, con un confinamiento y con restricciones muy elevadas a la movilidad.

El conflicto que enfrenta al antiguo monopolio del taxi y a las nuevas plataformas de VTC viene de lejos y requiere una solución. Perder prerrogativas no ha sido bien aceptado por los taxistas, mientras que buena parte de los ciudadanos han entendido que la competencia es buena y que incluso el servicio de taxi ha mejorado gracias a la nueva presión. En ciudades de tráfico muy complicado como Barcelona, con elevadísimas puntas de demanda como cuando desembarcan cientos de personas de los cruceros, el 73% de sus ciudadanos están a favor de una regulación donde convivan ambos servicios. Es más, el 78% de los encuestados querrían encontrar en una misma aplicación servicios de taxi y de VTC, según un estudio de Cabify realizado en junio de este año [[[[NdP Enquesta de percepció VTC i taxis.pdf ]]]]. La misma encuesta en Valencia, Alicante y otras zonas urbanas ha arrojado resultados prácticamente calcados, con sólo un 19% de los encuestados en contra de una regulación que permita a las VTC convivir con el taxi.

Se estima en unos ocho millones de usuarios de servicios de VTC en España. Usuarios que temen un posible aumento de los precios si la competencia desaparece, que los tiempos de espera se prolonguen al haber menor oferta. Los ciudadanos pueden esperar un aumento de los desplazamientos en vehículo privado, con una mayor congestión de tráfico. Por su parte, las plataformas se ven como un actor que puede ser determinante en la descarbonización de la movilidad, al aportar economías de escala que agilicen la transición al coche eléctrico o incluso de hidrógeno.

Y sin embargo es justo en Cataluña donde la regulación que se acaba de acordar el pasado día 5 de junio más ampollas ha levantado. Las regulaciones de la Unión Europea para las ciudades van encaminadas a reducir el tránsito de coches particulares en su interior.

Igualmente está en contra de los periodos de precontratación -tiempo que el conductor debe esperar desde que ha recibido la petición de un servicio hasta que el cliente puede ser recogido-. Este periodo es de 15 minutos en el caso de Cataluña y de una hora en Valencia.

Además, fija para sus coches un tamaño mínimo obligatorio de casi cinco metros (4,90 metros), otra exigencia en contra de las recomendaciones comunitarias. En el mercado hay muy pocos modelos con estas dimensiones. Según datos de Anfac e Ideauto, en 2021 se matricularon 8.544 coches con la etiqueta ECO o Cero una longitud de más de 4,90 metros, lo que supone un 0,99%.

Las etiquetas ECO o Cero de la DGT no han sido contestadas ya que una gran mayoría de los coches de estas plataformas ya las tienen (el 70% de Cabify, por ejemplo). Pero son coches de tamaño más reducido como corresponde a este tipo de coches. La Generalitat ha calculado que más de la mitad de las licencias de VTC van a poder seguir operando porque cumplen estos requisitos. Pero no hay este volumen de coches con estas características, según fuentes del sector.

Y tampoco se podrían conseguir en los próximos meses porque los coches de este tamaño tienden a tener un precio mayor y porque no hay unidades en el mercado debido a la carestía de producto.

Un ejemplo de coche estudiado y analizado para uso específico de taxi o VTC es un modelo de Renault para su plataforma Mobilize, el llamado Limo. Cabify llegó a un acuerdo en exclusiva con la marca francesa para su adopción como transporte en España. Es 100% eléctrico y mide... 4,70 metros de largo.