La pensión de jubilación es una prestación económica que la Seguridad Social otorga a todas las personas que abandonan el mercado laboral. Esta prestación puede ser de dos tipos, dependiendo de la relación que se tenga con este organismo: contributiva y no contributiva. 

La pensión de jubilación contributiva es aquella que se otorga a los trabajadores que hayan estado afiliados a la Seguridad Social y tengan una cotización mínima de quince años. La no contributiva, por su parte, es aquella que se concede a los trabajadores que no cumplen con los requisitos mínimos de cotización y que se encuentran en una situación de necesidad protegible por carecer de recursos para su subsistencia. 

Entre las pensiones de jubilación contributivas y las no contributivas existen importantes diferencias que afectan tanto a la cuantía de la pensión como al método por el que se calcula. 

En el caso de las pensiones no contributivas, la cuantía a la que los beneficiarios pueden acceder depende de sus rentas y en este 2022 asciende a un máximo de 5.899,60 euros anuales. En el caso de las contributivas, la cuantía de la prestación dependerá de los años que haya cotizado el trabajador y en este 2022 puede alcanzar un máximo de 39.474 euros anuales. Además, sus condiciones de acceso cambian cada año y varían dependiendo del tipo de jubilación al que queramos acceder. 

Desde que en 2013 entró en vigor  la reforma de las pensiones de jubilación, cada 1 de enero se endurecen los requisitos de acceso a este tipo de prestaciones. Estos cambios, que se irán produciendo hasta 2027, afectan al tiempo mínimo de cotización que una persona necesita para poder beneficiarse de esta ayuda, a la edad legal que debe tener para poder disfrutar de la totalidad de su pensión y a los años computables para obtener la base reguladora, un baremo que viene determinado en función de las bases de cotización del contribuyente durante los años previos a la jubilación y que se utiliza para calcular las prestaciones que un trabajador tiene derecho a percibir. 

Como consecuencia de estos cambios, en este 2022 los trabajadores que quieran acceder a su pensión de jubilación de manera ordinaria y no anticipada deberán tener un mínimo de 66 años y dos meses, si no han llegado a cotizar 37 años y seis meses, o 65 años, en caso de que sí hayan cotizado 37 años y seis meses. Además, a la hora de calcular la base reguladora, ya no se utilizarán los 24 años de referencia que se usaban en 2021, sino que un total de 25 años. 

Si se cumplen todos estos requisitos, los pensionistas podrán acceder a la cuantía total de su pensión. No obstante, a la hora de buscar la mejor pensión posible, hay otro factor que se debe tener en cuenta: el IPC, un dato que sirve para actualizar las bases de cotización que se utilizan para calcular la base reguladora y, consecuentemente, la cuantía de pensión. 

Hasta 2022, la revalorización de las pensiones se hacía en base a una aproximación del IPC previsto para el año. Sin embargo, con la entrada en vigor de la primera parte de la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno y los agentes sociales, la revalorización de las pensiones ha pasado a calcularse en función de la inflación media experimentada en los últimos meses, es decir, en base al dato real del IPC entre los meses diciembre y noviembre. 

Como consecuencia, si el IPC registrado se encuentra en cifras altas, la base reguladora de los pensionistas será mayor, lo que se traducirá en una mayor cuantía de la pensión. Por eso, dependiendo del momento del año en el que nos jubilemos, podremos beneficiarnos de una pensión más o menos favorable.

Determinar la evolución que tendrá el IPC a lo largo del año es una tarea complicada, y aún más difícil es averiguar en qué momento exacto del año alcanzará su punto álgido. No obstante, lo habitual es que este índice alcance sus registros más altos a finales de año, por lo que, si queremos aumentar ligeramente la cuantía de nuestra pensión, es recomendable que nos jubilemos en el segundo semestre del año, a partir de junio o julio.