El Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado este martes un acuerdo provisional para establecer salarios mínimos dignos para todos los trabajadores en los países miembros. El objetivo no supone fijar salario mínimo común para los trabajadores de los Veintisiete, pero los gobiernos tendrán que evaluar las condiciones económicas en el territorio, como la capacidad adquisitiva y la evolución de la productividad para garantizar si los sueldos ofrecen una calidad de vida digno. Los trabajadores en España, mientras tanto, siguen a la espera de la actualización de sus salarios después de que la Patronal se levantara de la mesa de negociación con los sindicatos.
"Por primera vez, la legislación de la UE contribuirá directamente a garantizar que los trabajadores reciban salarios más justos y mejores", ha asegurado el ponente de la propuesta en la Eurocámara, Dennis Radtke, del Partido Popular Europeo.
Los países de la UE en los que el salario mínimo esté protegido a nivel de convenios colectivos no estarán obligados a introducirlo ni hacer que dichos convenios sean de aplicación universal. El acuerdo, sin embargo, obliga a los Gobiernos a evaluar si los salarios mínimos en sus respectivos países garantizan un nivel de vida digno a sus trabajadores peor remunerados.
Los negociadores de la UE acordaron que los Estados miembro tendrán que fortalecer las negociaciones sectoriales e intersectoriales para proteger a los trabajadores asegurando un salario mínimo y en aquellos países de la UE en los que menos del 80% de la plantilla esté amparada por un convenio colectivo tendrán que crear y hacer público un plan de acción que aumente esta cobertura, implique a agentes sociales e informe a la Comisión Europea de las medidas adoptadas.
Por su parte, la ponente y eurodiputada socialista Agnes Jongerious, ha indicado que con esta ley europea, "reducimos las desigualdades salariales y presionamos por salarios más altos para los trabajadores peor pagados de Europa". Además, los Estados miembro tendrán que establecer un sistema de cumplimiento, que incluya seguimiento, controles e inspecciones de campo fiables para evitar la subcontratación abusiva, los falsos autónomos, las horas extra no registradas o el aumento de la intensidad del trabajo.
La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, ha señalado que la nueva normativa sobre salario mínimo "protegerán la dignidad del trabajo y asegurarán que el trabajo se pague", respectando la autonomía de los interlocutores sociales.