El beso de Rubiales a Jennifer Hermoso complica su futuro al frente de la Federación de Fútbol
Luis Rubiales se enfrenta a una investigación del Consejo Superior de Deportes por su presunta violación de la Ley del Deporte
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La presión contra Luis Rubiales por su beso a la futbolista Jennifer Hermoso no para de crecer. La cuestión ahora es qué va a hacer o qué puede hacer el Consejo Superior de Deportes que ya tiene en su poder una denuncia contra el presidente de la Federación de Fútbol por incumplir con su actitud la Ley del Deporte.
Los servicios jurídicos del CSD ya están analizando esa denuncia por considerar que se ha producido un acto sexista contrario a esa norma. Sobre si esa apertura de este expediente con esa denuncia va a suponer finalmente la destitución o no del presidente de la Federación, el CSD no lo aclaran y se remiten a las palabras del propio Sánchez en las que piden que sea el propio Rubiales el que dé un paso más para cerrar esta polémica.
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En esa primera denuncia por la vía administrativa se pide la cabeza de Luis Rubiales al considerer su beso como un acto sexista, intolerable en nuestro deporte, que atenta contra la libertad sexual de Jennifer Hermoso.
Corresponde al Tribunal Administrativo del Deporte y al Consejo Superior de Deportes decidir si le aplica su propio protocolo, en el que se considera violencia sexual, el excesivo e inadecuado acercamiento en el contacto corporal, abrazos, apretones o atraer con un abrazo el intento de besar o besar a la fuerza.
Mucho más dura es la segunda vía, la penal, que por el momento en fiscalía no se contempla. La ley del solo sí es sí establece penas de uno a cuatro años de cárcel cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento.
La polémica rodea a Rubiales casi desde el principio de su mandato. El contrato de la Supercopa de España con Arabia Saudí con multimillonaria comisión de por medio de Gerard Piqué se encuentra en la Fiscalía Anticorrupción.
También fue denunciado por grabar conversaciones privadas con altos cargos del Gobierno, por cobrar ayudas para pagar su residencia e incluso su propio jefe de gabinete, además familiar suyo, lo denunció ante la Fiscalía por el supuesto pago de fiestas privadas a cargo de la Federación.