La Fiscalía Superior de Galicia ha propuesto que la Consejería de Cultura, tras firmar un convenio con la Iglesia, elabore un inventario detallado de los bienes histórico-artístico de las iglesias gallegas para evitar hechos como la desaparición del Códice Calixtino en la Catedral compostelana y ha recomendado, entre otras medidas, que la Policía Judicial confeccione un cuestionario de evaluación de riesgos de seguridad.

Así consta en la propuesta de proyecto 'Iglesia Segura-Cultura Protegida' de seguridad preventiva contra la delincuencia de objetos religiosos, al que tuvo acceso Europa Press, que ha trasladado este miércoles el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en una reunión mantenida con el arzobispo de Santiago, Julián Barrio; el consejero de Cultura, Roberto Varela, y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre otros.

De este modo, la Fiscalía considera "como pilar básico" el inventario de los bienes muebles existentes en las iglesias de la comunidad porque "sería imposible saber cómo proteger el patrimonio eclesiástico si no se conoce debidamente y no se sabe lo que representa y donde está".

En el documento, la Fiscalía pone de manifiesto que "existen evidencias" de un aumento sostenido en la pérdida de los bienes histórico-artístico de la Iglesia "por causas que van desde un progresivo deterioro mal atendido de los objetos religiosos hasta su hurto y robo para la venta local o tráfico internacional para la satisfacción de un mercado negro ya consolidado".

Así, la Fiscalía considera que estas situaciones de desprotección se benefician de la "inexistencia de inventarios y catálogos de los bienes de la Iglesia". "Se carece así de un adecuado conocimiento del acervo con el que se cuenta, de sus buenas o malas condiciones y de elementos de identificación básicos para la recuperación de las obras", expone en el documento.

Por ello, indica que se pueden hacer "preinventarios" con máquina fotográficas y con personas voluntarias "dispuestas a seguir determinadas instrucciones preestablecidas por los facultativos expertos". Con este proceso "se pueden detectar aquellos casos de deterioro más graves a los que urge dar una respuesta", así como "impedir que los objetos desaparezcan por falta del debido control".

Tras estos preinventarios, el fiscal apuesta por que las piezas puedan ser objeto de un inventario y de un registro "más detallado", el cual podrá ser "completado e informatizado" en una segunda fase en el marco de un "proceso orientado por expertos de la Consejería de Cultura". Así, cree que posibilitará "un punto de partida que puede evitar la movilización de todo un complicado y costoso proceso de rastreo y posterior recuperación" que, matiza, "no sería necesario si la Iglesia llevase a cabo las acciones preventivas necesarias".

Con este inventario pretenden saber con qué se cuenta; evitar la dispersión de los bienes; constatar en qué condiciones está el patrimonio; y rastrear objetos robados e impedir el expolio y comercio ilegal de bienes culturales. Del documento debe, según la Fiscalía, existir una copia "en cada parroquia e incluso una en el Obispado".

RIESGOS DE SEGURIDAD

Entre las medidas aconsejadas por la Fiscalía se incluye la elaboración, por parte de la Policía Judicial, de un cuestionario para la evaluación de riesgos de seguridad, que dará a conocer las características del inmueble, áreas circundantes, estructuras y equipamientos, así como los "puntos más vulnerables" y necesitados de protección. A esto le seguiría la aportación de información para demostrar la posibilidad de soluciones prácticas de seguridad y conservación.

También apuesta por la elaboración de un manual básico de seguridad que identifique las vulneraciones y 'modus operandi' criminales más frecuentes. Al respecto, el documento de la Fiscalía apunta que se han registrado también casos "en que párrocos toman la iniciativa o son inducidos a cambiar con libre voluntad piezas antiguas por piezas modernas" y en ocasiones curas albergan provisionalmente en sus casas determinados objetos.

Asimismo, recomienda acciones de formación para los párrocos responsables y a los que gestionan, organizan y trabajan en iglesias gallegas, así como a los potenciales voluntarios sobre prevención criminal y vigilancia de sus edificios, "posibilitando una planificación organizativa simple de seguridad preventiva".

Añade también la importancia del seguimiento de la disciplina del mercado de antigüedades, ya que tiene reglas entre las que destaca la necesidad de los participantes profesionalmente en él llevar un libro de control de las transacciones que realizan. En este sentido, la Fiscalía propone actualizar el sistema disciplinario derivado de estas normas para tratar de poner orden en el funcionamiento del mercado de arte y antigüedades "y favorecer la recuperación de objetos eventualmente robados".

PROTOCOLO IGLESIA SEGURA

Con todo, la Fiscalía apuesta por plasmar todo ello en el protocolo 'Proyecto Iglesia Segura' y establecer un cuadro de cooperación entre Cultura, Fiscalía Superior de Galicia, Delegación del Gobierno, fuerzas de seguridad, Arzobispado de Santiago y obispos de las diócesis; universidad; diputaciones provinciales y Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp).

La Policía Judicial, a través de sus brigadas especializadas en patrimonio, se comprometerán en el marco de este protocolo a coordinar el proyecto y la comunicación entre todas las partes intervinientes en él; elaborar el manual básico de seguridad; colaborar en la preparación de voluntarios para vigilar las iglesias, entre otras acciones.

La Consejería de Cultura realizará una campaña expositiva y de sensibilización ciudadana con el 'Proyecto Iglesia Segura'; dispondrá sus equipos técnicos para visitar las iglesias y analizar el estado de conservación del patrimonio, además de realizar el inventario exhaustivo en colaboración con la Iglesia.

Cultura también elaborará, con la intervención de los representantes eclesiásticos, los contenidos de la carta de derechos y obligaciones para las iglesias inscritas en el 'Proyecto Iglesia Segura', que la Fiscalía de Galicia espera que esté elaborado entre octubre y noviembre.