El 'hacker' más famoso de Cantabria y su cruzada por la transparencia en el sector público

Una parte de esta historia comenzó con el mensaje de un bot. A las 9.15 de la mañana del 8 de mayo de 2020, un robot programado para leer el Boletín Oficial de Cantabria publicó un tuit que sorprendió a su propio padre: Jaime Gómez-Obregón (Santander, 1981).

Hablaba de una donación de 200.000 euros al gobierno regional desde una empresa con sede en Edimburgo. (Era una sociedad pantalla, pero en ese momento no se sabía). Todavía desde la cama mirando el móvil este ingeniero de telecomunicaciones acudió a Twitter para preguntar si alguien sabía algo.

Nadie en Cantabria había oído hablar nunca de Dunoon Investment Trading. Gómez-Obregón tenía 1.000 seguidores en Twitter en ese momento, pero su pregunta llegó hasta el mismo presidente Miguel Ángel Revilla: tampoco sabía nada de la donación. “Si parece que no hay nadie leyendo el boletín oficial, ¿hay alguien mirando los datos del portal de transparencia sobre contratación pública?”, pensó este hacker bueno (por si hace falta aclararlo).

Y así es como terminó fiscalizando como nunca nadie lo había hecho los contratos de cantidades más pequeñas (‘contratos menores’, se llaman) que adjudica el Gobierno de Cantabria desde 2017. Lo hizo porque lleva años “trasteando con datos” pero sobre todo porque algo le llamó muchísimo la atención.

“Me di cuenta de que alguien se había tomado muchas molestias en publicar los datos de manera poco accesible”, explica al otro lado del teléfono. “Pensé: estamos confinados, voy a ponerme con algo que me divierta”. Por aquél entonces había decidido abandonar sus cargos en la empresa tecnológica que había fundado nada más terminar la carrera.

Hablar con Gómez-Obregón es como subirse a una montaña rusa: se pasa de la estupefacción al divertimento. Porque mientras cuenta cómo consiguió acceder a los 25.766 contratos programando un robot, también narra los días que pasó aislado en un pueblo de 80 habitantes “con las vacas” o suelta frases como: “ya no sé si voy o vengo” o “me parece ignominioso, como diría Rambo”. El hacker es un tipo con mucho sentido del humor y este hilo viral en Twitter es un buen ejemplo de ello.

Estuvo cinco meses trabajando en este proyecto, casi sin parar. “Soy un poco obsesivo, lo reconozco”. Creó la web Contratos de Cantabria donde se recoge toda la información de la manera más gráfica y accesible: qué empresas han recibido más contratos, en cuáles, por qué importe, cuándo, para qué… Desde un taller de fileteado de anchoa de 139 euros a un programa de vigilancia de zonas de producción de moluscos por 139.406 euros.

Y un día, conduciendo por la noche cuando ya no sabía muy bien por dónde tirar, se le ocurrió: “¿Y si cruzo estos datos con los nombres de las listas electorales a Cantabria?”. “Los datos esconden muchas historias”, suele decir, y en este cruce se encontró unas cuantas: encargos a sociedades de concejales, ofertas falsas para disimular, constructores que se convertían en alcaldes y disparaban la facturación de sus empresas…

“Los contratos menores son un caldo de cultivo para que se cometan abusos. Están poco fiscalizados y como se pueden dar a dedo, da igual que haya fraude porque es legal. Si crees que tu primo es el mejor, pues le das el contrato. No digo que esté mal, pero creo que esto se tiene que saber”.

¿Lo que se ha encontrado en Cantabria se reproduce en otras regiones? “Yo no lo he mirado, la verdad”, admite. “A mí me han contactado de todos los partidos, pero yo creo en el activismo desde fuera. Y para eso es fundamental que los datos públicos sean realmente transparentes. No para encontrar munición contra el oponente político sino para transformar el país”.

La popularidad de Gómez-Obregón ha ido en aumento en los últimos meses. Hay días que le abruma la cantidad de mensajes que recibe. No le da tiempo a contestarlos todos. “Pero cuando me llegan mensajes privados de gente que trabaja en la administración… Es un chute. Me escribió un juez con el tema de los datos porque es muy importante”.

Precisamente ahora su nueva cruzada es con el Registro Mercantil (donde está la información de las empresas) para que libere sus datos. “La apertura de esta información tendría un impacto disuasorio y promovería en el país una cosa que ahora no existe: un activismo ciudadano para saber qué es lo qué pasa".

Pone de ejemplo el caso de José Luis Moreno para explicarlo. “Imagina que quiero buscar sociedades que se constituyen y se disuelven en un periodo corto de tiempo y voy a buscar quiénes son los socios más frecuentes. A lo mejor me habría encontrado con Moreno”.

Cuando se le pregunta por los planes de digitalización del Gobierno, el ingeniero se muestra escéptico. Teme que muchos proyectos terminen financiando “motos que no arrancan”. Algo parecido a lo que ocurrió con ‘Smart Lepe’, apunta. El ayuntamiento de este municipio de Huelva presentó un proyecto para montar un portal turístico en internet en 2017. Recibió 200.000 euros de fondos europeos. “Pero resulta que esa página nunca ha estado en Google. En cuatro años no se han dado cuenta de que ese portal estaba invisible en internet. ¿Qué tipo de inversión pública es esa que no se mide su retorno? Eso pasa mucho con la tecnología”.

Para él se parece mucho al caso de los aeropuertos vacíos y las rotondas del anterior boom. “En los proyectos de digitalización está pasando el mismo fenómeno. Inversiones que se hacen en momentos de abundancia, sin claros criterios de retorno, cosas que se hacen por hacerse… La diferencia es que la carretera se ve y esto es más complicado de detectar”.

Lleva meses trabajando gratis, aunque se mantiene con el crowfunding de 602 mecenas. “La suerte que tengo es que con poco tengo suficiente”. Anda liado con una nueva investigación que le ha llevado a encerrarse en bibliotecas públicas de ciudades diferentes para programar. “Ahora cuando echo la vista atrás me doy cuenta de que ha pasado más de un año desde que me desaté con esto. Me digo: mira que me lo he pasado bien, aunque igual me lleva al exilio”. (Risas).

Estos días está de vuelta en Santander, donde el Grupo Mixto llegó a proponer que la nueva normativa de transparencia llevara su nombre: Ley Gómez-Obregón. ¿Contento?

“Hay algo que creo se ha conseguido en cierto modo: una reflexión de que en 2021 no podemos andarnos con trucos. Esto es una especie de terapia de choque para el gestor público y un mensaje para los gobiernos que vengan después: cuidado, que se puede ver lo que hacéis”.