El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Ciencia que luego deberá pasar por las Cortes. La nueva norma pretende mejorar la carrera profesional, dándole mayor estabilidad profesional a los científicos, eliminar cargas administrativas y reforzar la transferencia de conocimientos.

Reducir la temporalidad, el envejecimiento del personal debido a la fuga de cerebros de los últimos años y la brecha de género son los grandes caballos de batalla contra los que pretende combatir la ley de Diana Morant, ministra de Ciencia.

La nueva Ley de Ciencia recoge un itinerario postdoctoral de "incorporación estable al sistema" laboral. Es decir, para los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año.

Además, se tienen en cuenta la "incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista". Por tanto, en estas situaciones personales se interrumpirá el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.

Este tipo de contrato conlleva una indemnización por finalización. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

El borrador de la nueva norma incorpora un nuevo contrato indefinido para "todo tipo de personal de investigación" que realice actividades científico-técnicas. "Los contratos de actividades científico-técnicas, de duración indefinida, podrán estar vinculados a la existencia de financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva asociada a los mismos durante su vigencia", señala el texto, que precisa que estos "no formarán parte de la Oferta de Empleo Público".

Este tipo de contrato vendría a sustituir a los contratos por obra y servicio, muy extendidos en el sistema científico español y que, sin embargo, desaparecen con la reforma laboral. Sin embargo, con su entrada en vigor al completo, el 30 de marzo de 2022, estos investigadores quedarían en el 'limbo' hasta la aprobación de la nueva Ley de la Ciencia.

Al igual que los postdoctorales, el borrador también reconoce el derecho a indemnización de los investigadores predoctorales. En concreto, el texto propone "una indemnización equivalente a 12 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año", medida que además será retroactiva, a aplicar a aquellos que actualmente tienen contrato como aquellos contratados a partir de la entrada en vigor de la norma.

Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema. Tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como "investigador establecido", que además conllevará mejoras salariales.

Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.

Para esta modalidad de contrato se propone una indemnización por fin de contrato. En este caso, el investigador tendrá derecho a recibir "una indemnización de cuantía equivalente a la prevista para los contratos de duración determinada en el artículo 49 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores".

La nueva norma, que debe pasar por las Cortes tras su aprobación por el Gobierno, también rediseña el contrato del investigador distinguido, limitándolo a la dirección de equipos humanos o dirección de centros, instalaciones y programas científicos y tecnológicos.

El objetivo es recuperar la fuga de cerebros en la ciencia española en los últimos años debido a la precariedad laboral. El Ejecutivo estima que entre 2006 y 2011 se fueron de España 5.000 investigadores.

Y, por primera vez y por exigencia de la Comisión Europea, el texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25% del PIB en inversión pública para 2030. Esta ley cuenta con una partida sin precedentes en España, 3.842 millones de euros de los fondos europeos.