Apple ha aceptado pagar hasta 500 millones de dólares (cerca de 450 millones de euros) para resolver una demanda colectiva en el que se acusaba a la empresa estadounidense de ralentizar los modelos de iPhone más antiguos de manera intencionada, para así obligar a los usuarios a que tengan que comprar teléfonos nuevos.
Así, han llegado a un acuerdo de conciliación de entre 310 y un máximo de 500 millones para los propietarios que denunciaron con los dispositivos afectados. Según los reclamos que hayan presentado en cada caso particular se podrá aumentar o disminuir la cantidad a recibir, según ha informado CNN.
Esta batalla legal todavía no ha acabado: el 3 de abril se tiene que aprobar por el juez la decisión del magnate de las comunicaciones para no llegar a un juicio. En el año 2017 ya habían admitido utilizar sus actualizaciones para ralentizar los iPhones pero con el objetivo de compensar la capacidad más limitada de sus baterías, aunque se disculpó con sus usuarios afectados.
Lo más relevante en esta demanda es que, aunque realizaran los teléfonos para prevenir problemas de la batería, el hecho de no haberlo comunicado con los afectados no es legal, ya que los usuarios podrían haber cambiado la batería en vez de comprar nuevos modelos, algo que hubiera sido mucho más barato.