En su fallo, la Justicia europea considera que la aplicación del canon "no es conforme" al derecho de la UE en el supuesto de que los soportes de reproducción sean adquiridos por empresas o profesionales para fines distintos a la copia privada, si bien reconoce su legalidad en el caso de los particulares con independencia del uso que den a estos artículos.
Estos matices son los que han provocado de inmediato la valoración del dictamen tanto entre las entidades de gestión de derechos de autor como entre los internautas y las empresas de productos electrónicos.
El abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático David Bravo considera incluso que la sentencia avala el derecho a solicitar la devolución del canon digital repercutido hasta la fecha mediante un procedimiento judicial.
"En aquellos casos en los que la Ley se haya aplicado incorrectamente sobre empresas y administraciones, éstas podrán pedir la devolución de lo indebidamente cobrado mediante un procedimiento judicial", ha dicho Bravo a Efe.
Esta posibilidad ha sido rechazada por el portavoz de las Entidades de gestión de derechos de autor, Rafael Bravo, quien ha advertido de que mientras la normativa española no determine quién queda exento del canon la ley hay que cumplirla.
"Si hay que desarrollar excepciones en determinados casos, se desarrollarán, y a partir de ese momento, esas empresas no estarán sujetas al canon, pero hasta que llegue ese momento la legislación es la que tenemos y es perfectamente compatible con la directiva europea", ha precisado.
En cualquier caso, el Tribunal europeo no se ha pronunciado en su fallo sobre la devolución del importe del canon pagado por empresas, si bien si hubiera una demanda en España reclamando este pago, el juzgado correspondiente tendría que tener en cuenta la sentencia europea de hoy.
Nada más conocer el fallo, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha anunciado que el Gobierno buscará "una alternativa" junto a "los otros países europeos que se van a ver afectados".
Horas más tarde, González-Sinde, ha añadido que la sentencia "despeja todas las dudas sobre la legalidad" del canon, pues "recoge y reconoce" el derecho de los autores y creadores a percibir una compensación equitativa por la copia privada de sus obras, al tiempo que solicita "afinar el mecanismo para aplicar esa compensación a los profesionales y empresas".
También ha celebrado la sentencia Ana María Méndez, dueña de Padawan, la empresa catalana a la que la SGAE reclama 16.000 euros en concepto de canon.
Méndez presentó recurso ante la Audiencia de Barcelona, el primero de España que cuestionaba el canon, y que elevó el caso al Tribunal de la UE para conocer si el sistema de gravamen español era conforme a la directiva europea.
La decisión del tribunal europeo también contenta a la Asociación de las empresas de electrónica, tecnologías de la información y telecomunicaciones (AETIC) que considera que evitará "el enriquecimiento injusto que supone gravar a un sector profesional que no se hace copia privada", mientras que la patronal de tecnologías Asimelec confía en una rápida modificación de la norma.
En esta línea, el PP, contrario al canon, se ha felicitado por la sentencia y ha opinado que "el primer trabajo" del nuevo vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, será eliminar ese "grillete".
También con peticiones de rectificación de la actual normativa han reaccionado las asociaciones de internautas, que exigen al Gobierno que "tome muy buena nota" del tribunal europeo.
"Elevar el canon al BOE fue en su momento una difamación del Estado de Derecho", ha dicho a Efe el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo.
Entre los consumidores, la sentencia ha sembrado muchas dudas porque se sigue "criminalizando al particular" al presuponer el tribunal que el usuario que adquieran equipos de reproducción los van a utilizar "de manera delictiva", según ha señalado a Efe la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu.
"Si la sentencia dice que el canon no es conforme al Derecho comunitario para aquellos equipos que sean adquiridos por profesionales, es mucho menos conforme a Derecho en el caso de los consumidores", ha destacado.