Europa, tras años de negociación, presenta la primera Ley de inteligencia artificial, que se hará efectiva en 2026. La normativa regulará la privacidad, la intimidad y la seguridad de todos los ciudadanos. Ante la nueva normativa surgen incógnitas. Por ello, Nuria Oliver, directora de la Fundación ELLIS de Alicante, ha explicado las claves de la ley y su trascendencia en Informativos Telecinco.
La ley trata numerosos aspectos (reconocimiento facial, poner etiquetas y restricciones a la tecnología en los ámbitos de mayor riesgo). ¿Qué supone para los derechos individuales? "Es una ley pionera en el mundo que tiene como esencia y punto de partida el garantizar que los derechos fundamentales son preservados y respetados cuando se utilice la Inteligencia Artificial de manera generalizada en la sociedad. Ese es el principal objetivo de este reglamento".
"Por eso, hay ciertos usos, como la vigilancia masiva biométrica, que están prohibidos en la UE salvo excepciones por motivos de seguridad nacional", precisa la experta. Y es que la ley europea presenta restricciones más exhaustivas que, por ejemplo, la legislación en EEUU o China.
Esta situación, ¿podría llevar a una menor competitividad de la industria tecnológica europea? "Bueno, siempre se habla de la tensión que existe entre la regulación y la innovación. Yo creo que, en realidad, lo que tenemos que entender es que una buena regulación es un instrumento que permite incentivar la innovación y orientarla en una dirección u otra. En el caso del reglamento europeo, el objetivo no es inhibir la innovación en Europa en inteligencia artificial, pero sí orientarla para asegurarnos que el uso de la Inteligencia Artificial no va a ser negativo en la sociedad y se van a infringir derechos y libertades fundamentales".
"Habiendo dicho esto, también es importante entender que la regulación establece un marco de certidumbre, es decir, elimina la incertidumbre porque se conocen las reglas del juego y esto puede ser un catalizador para la innovación. Habrá que ver cómo se materializa la implementación de esta regulación, que todavía no ha entrado en vigor y no lo hará hasta 2025 o 2026, para entender bien qué potencial impacto puede tener", sentencia la experta.
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