La Organización de Consumidores (OCU) presentó una demanda colectiva para defender en juicio a todos los afectados por la obsolescencia programada en la gama de iPhone 6, en España, unos 400.000 usuarios en base a las prácticas comerciales injustas, engañosas y agresivas de Apple, que para la organización ha actuado de manera fraudulenta ocultando información a los usuarios, vulnerando así la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
OCU considera que Apple actualizó el software en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría una ralentización y pérdida de rendimiento de los teléfonos. Al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone se les había quedado viejo, porque les iba “más lento” un hecho que les empujó a cambiar de modelo. Apple de manera deliberada condicionó a los consumidores para renovar sus iPhones causándoles un perjuicio económico que se cifra entre 40 y 80 millones de euros, aproximadamente.
Por ello OCU decidió iniciar acciones legales contra el gigante tecnológico:
OCU presentó en diciembre de 2020 unas diligencias preliminares para solicitar a Apple que identificara a los afectados, a fin de que, en base a la legitimación que tiene para ello, la organización pudiera defenderles en un Juzgado.
Esta acción se enmarca dentro de la campaña que puso en marcha para animar a los usuarios afectados a luchar contra la obsolescencia programada y anima no solo a los afectados directos sino a todos aquellos consumidores que no están dispuestos a tolerar este tipo de acciones deliberadas en contra sus derechos a que se unan a la campaña y que den su apoyo necesario para poner freno a estas prácticas que de una manera o de otra nos perjudican a todos.
OCU recuerda que asumirá el gasto necesario para entablar esta contienda judicial, pagando los honorarios de abogados y procuradores, para que los afectados no tengan que incurrir en coste alguno. En caso de perder la acción judicial, los afectados tampoco tendrán que asumir las costas del proceso. OCU confía en que la justicia ponga freno a estos comportamientos lesivos para los consumidores afectados y la sociedad en general.