El Govern descarta que "sólo los catalanes" paguen por el mantenimiento de los peajes liberados

El Govern de la Generalitat descarta, de momento, implementar un sistema de pago especifico en Cataluña por el mantenimiento de los peajes liberados a partir de este miércoles. Según ha explicado la portavoz, Patricia Plaja, el objetivo del ejecutivo catalán es encontrar un modelo de infraestructuras que no suponga un agravio para los catalanes por ello, hasta que se encuentre, el Govern asumirá con los Presupuestos de la Generalitat el mantenimiento de la C-32 y la C-33, las dos vías cuya titularidad es de la Generalitat.

"Los catalanes han pagado demasiado dinero durante mucho tiempo por circular por Cataluña. Esto no es ningún regalo porque se ha pagado desde la primera peseta al último euro. Hoy cuatro autopistas dejan de ser de pago. Se está estudiando cuál debe ser el modelo de futuro, pero por el momento se descarta un sistema de pago que obligue sólo a los catalanes a pagar por el mantenimiento mientras el Estado se circula gratuitamente", ha añadido Plaja.

En Cataluña hay, en total, 1.719 kilómetros de vías de altas prestaciones: autopistas, autovías y carreteras desdobladas. A día de hoy, la mayoría, un 60%, son de pago, ya sea a través de un peaje explícito o de un peaje en la sombra. Pero a partir del miércoles 1 de septiembre, por primera vez en décadas, Cataluña tendrá más kilómetros de vías rápidas gratuitas que de pago.

Acaban las concesiones de Abertis en cuatro autopistas catalanas: el tramo norte de la AP-7 (de Vilaseca en la Jonquera); la AP-2, de Zaragoza en el Penedès; la C-32 en el Maresme y la C-33 entre Barcelona y Montmeló. Esto significa que, a partir de la medianoche del 31 al 1 de septiembre, ya no será necesario pagar peaje para pasar por estas vías, que en total suman más de 556 kilómetros (teniendo en cuenta los ramales de acceso).

Desde la Generalitat esperan encontrar un modelo de infraestructuras de vías rápidas efectivo, que no suponga un agravio para los ciudadanos. Sin embargo, por el momento, no se ha avanzado qué alternativas proponen. "Se descarta ningún sistema de pago alternativo, no hay lógica posible en que el sistema de la viñeta solo se plantee en Cataluña. Se tiene que decidir con el estado pero sin generar nuevos problemas hacia Cataluña. El Govern ha adjudicado el mantenimiento de la C-32 y la C-33 a una empresa por 8,4 millones de euros hasta el próximo marzo", ha detallado la portavoz.

De esta manera, hasta marzo de 2022, el mantenimiento y la gestión de estas dos vías la tendrá una unión temporal de empresas formada por Sorigué, Comsa e Innovia Coptalia por valor de 6,99 millones de euros, a los que se deben sumar otros 1,47 millones en concepto de impuestos, hasta 8,4 millones.

Esta inversión contempla el desmontaje de las playas de peajes actuales. Por lo tanto, de momento, los costes de mantenimiento de la infraestructura a cargo de los presupuestos de las administraciones, una fórmula que muchos expertos consideran inasumible a largo plazo. En el caso de la AP-2 y la AP-7, las más largas, la titularidad es del Gobierno, mientras que la C-32 y la C-33 son autopistas con titularidad de la Generalitat.

Tras el fin de las concesiones, las administraciones buscan fórmulas para hacer volver a pagar los usuarios para circular por las vías rápidas, con el objetivo de financiar su mantenimiento, pero también para seguir la estela de las directivas europeas que dicen que quien contamina debe pagar.

En este sentido, el gobierno estatal se plantea implementar un sistema de pago por uso, en función de la distancia recorrida, a partir del 2024. Si se acabara imponiendo este sistema, el coste de circular por las autopistas sería más barato que los actuales peajes: de entre 1 y 3 céntimos por kilómetro. Implantarlo, sin embargo, supondría una elevada inversión, ya que habría que instalar arcos o pórticos para registrar qué vehículos pasan por las vías y qué recorrido hacen.

Otra alternativa más fácil de implementar desde el punto de vista técnico y económico es la viñeta. Se trata de una tarifa plana anual, es decir, un modelo de pago por tiempo, que pagarían los usuarios para poder circular por todas las carreteras catalanas, un sistema que ya se utiliza en otros países europeos como Austria.

La viñeta es desde hace unos años la opción de la Generalitat, que ya quería implantarla el 1 de enero del 2019, pero la falta de acuerdo con el gobierno estatal, titular de la mitad de las autopistas catalanas, lo impidió. Hasta hace unos meses, el ejecutivo de Sánchez parecía no tener un modelo propio, pero, cuando en mayo pasado se comprometió con Bruselas a introducir uno, la situación cambió.

Ahora, con el fin de cuatro concesiones, el Govern opta por aparcar el proyecto de viñeta y esperar que el ejecutivo central implante un modelo homogéneo que introduzca el pago en todo el Estado. Eso sí, ahora la pelota ha cambiado de tejado: habrá también que pactarlo con Cataluña, porque la Generalitat es titular de la mitad de las vías de alta capacidad.

Además, el vicepresidente Puigneró ha reclamado al Gobierno que rescate las cuatro autopistas de la Generalitat que mantendrán los peajes más allá del 1 de septiembre. Hace quince días ya pidió el traspaso de las dos vías de titularidad del Estado, la AP-7 y la AP-2, que liberan la medianoche del martes al miércoles.