Un funcionario de prisiones de Cataluña ha sido condenado a una multa de 180 euros como autor de un delito leve de amenazas por el tuit que publicó contra el profesor de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona y director del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, Iñaki Rivera, durante la crisis penitenciaria de 2024.

"Iñaki, hijo de la gran chirusa, si un día te encuentro por la calle huye, porque no tendré ningún tipo de contemplación hacia tu puta persona, gil de mierda, a mi no me engrupiras goruta de mierda", rezaba el mensaje recogido en la sentencia, que ha avanzado Eldiario.es y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En la vista oral, celebrada este martes en el Juzgado de Instrucción 12 de Barcelona, Rivera se ratificó en la denuncia y explicó que este tuit fue la respuesta a "un debate a propósito de las limitaciones de derechos de los internos" en Cataluña por las protestas de los funcionarios tras el asesinato de una trabajadora de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un preso en marzo del año pasado.

Los funcionarios cortaron los accesos a las prisiones a modo de protesta y, como consecuencia, no se abrieron las celda de miles de presos, un hecho que el observatorio criticó al entender que se estaban vulnerando sus derechos fundamentales.

"Presentamos una queja colectiva ante el Síndic de Greuges e hicimos unas declaraciones en radio y televisión, y también algún tuit, diciendo que esa medida en concreto vulneraba derechos fundamentales", ha explicado en una conversación con Europa Press, en la que ha reconocido que él mismo tildó esta acción como una huelga ilegal.

Tras estos hechos ha asegurado que fue abordado por 3 personas "de una manera bastante fuerte" cuando paseaba con su pareja cerca de su casa y que, a los pocos días, su entorno lo alertó del tuit, por lo que decidió ponerse en contacto con un policía del servicio de escoltas --al que conocía porque tuvo protección de los Mossos d'Esquadra en el pasado--, que le recomendó que denunciara.

"Llevo 20 años sufriendo campañas de acoso e insultos, que he denunciado a nivel nacional e internacional, los Mossos tuvieron que ponerme un servicio discreto de escolta unos años atrás y recibí 4 denuncias que no prosperaron contra mí", ha lamentado Rivera.

Por eso, celebra doblemente esta sentencia: en el plano personal, porque asegura que le ha afectado de una forma "bastante fuerte" y que el fallo supone una cierta reparación; en el político, porque significa un antes y un después en que los sindicatos y asociaciones de prisiones no sigan por el camino del acoso, las denuncias y amenazas contra quienes trabajan en defensa de los derechos humanos, en sus palabras textuales.

Rivera lamenta que los defensores de los derechos humanos están sobreexpuestos y que temen incluso por su integridad física: "No tenemos porqué sufrir algo semejante por realizar la tarea de monitoreo de las cárceles en Cataluña, quisiéramos creer que con la sentencia terminarán de una vez por todas las campañas de acoso permanente".

El director del observatorio comprende que los sindicatos tienen que realizar "su tarea legítima" en pro de los derechos de los trabajadores, pero recuerda que no pueden convertirse en agentes coercitivos.

En este sentido, la jueza le da la razón y en la sentencia precisa que el tuit fue la "última pieza de un conjunto de actitudes hostiles recibidas desde el mismo colectivo por largo tiempo" y que le hizo sentir al denunciante un temor racional por sufrir algún mal sobre su persona o sus bienes.

Añade que en el mensaje, además, se usó un argot propio de la lengua española hablada en Argentina que "denotaba un particular conocimiento del origen del denunciante, aumentando su personal desasosiego y malestar".