La Audiencia Provincial de Barcelona ha comenzado un juicio, de tres días de duración, en el que se acusa a tres personas de estafar 35.000 euros a aspirantes de pilotos de avión con una falsa promesa de obtener trabajo en una aerolínea tras superar su curso. Los afectados tuvieron que abonar cantidades elevadas de dinero para recibir esa formación específica y al acabarla, tan solo pudieron comprobar que todo era una mentira, por lo que han denunciado a tres individuos que, en la actualidad, se enfrentan a cinco años de prisión.

Los hechos se remontan al año 2015 cuando dos estudiantes desembolsaron, de manera individual, 35.000 euros por un contrato que incluía unos cursos de piloto y la promesa de que, en el plazo máximo de seis meses, obtendrían un puesto de trabajo si superaban la formación. En caso contrario, la empresa creada por los acusados se comprometía a devolver a las víctimas el dinero abonado.

Según sostiene el ministerio público en su escrito de acusación, las dos personas supuestamente engañadas realizaron parcialmente el curso formativo por lo que nunca obtuvieron un empleo en una compañía aérea ni se les reembolsó el dinero pagado. Asimismo, las víctimas han explicado que la formación debía consistir en tres partes (la teórica, un simulador de vuelo y las prácticas en un avión real), pero que solo llevaron a cabo la primera de ellas, unas clases "muy generales y poco específicas" de diez días de duración en un local de Barcelona.

Al no haber completado el curso, nunca obtuvieron el certificado específico para pilotar un determinado tipo de aeronave ni, por tanto, el puesto de trabajo prometido por los acusados ya que faltaba la instrucción en el simulador de vuelo, que además debía haberse realizado en Ámsterdam, y las prácticas en un avión. Por ello, la fiscal asegura en su escrito de acusación que los tres hombres que se sientan en el banquillo "trazaron un plan común para enriquecerse ilícitamente", de manera que les imputa un delito continuado de estafa por el que pide cinco años de prisión.

La primera de las víctimas fue un piloto en paro, quien en "la creencia de que se trataba de una oferta real" abonó en marzo de 2015 los 35.000 euros que le prestó su madre para firmar un contrato con los acusados, según el cual recibiría una formación específica para pilotar aviones de la clase FOKKER 50, tras la cual obtendría un trabajo en la empresa de los procesados, que nunca llegó a tener aviones, o para otra compañía del sector.

De hecho, cuando estaba a la espera de comenzar las clases, el afectado asegura que incluso llegaron a mostrarle un contrato de trabajo con una empresa italiana que no existía puesto que había cesado su actividad en 2013, en la que le dijeron que iba trabajar una vez hubiese finalizado el curso formativo.

"Me pareció una gran oportunidad" por las "garantías laborales que me ofrecían", pero cuando "vi que se iba retrasando el inicio de la formación cada vez tuve más sospechas de que era todo un engaño", ha relatado la víctima durante la vista. Al final, este hombre solo llegó a realizar la parte teórica del curso y, pese a reclamar la devolución del dinero, como constaba en el contrato, nunca le fue reembolsado.

El ministerio público indica que "con idéntico plan defraudador" y "sin albergar en ningún momento el propósito de cumplir su promesa de formación e inserción laboral", los acusados captaron a otra víctima, con titulación de piloto pero sin que hubiera llevado un avión, quien desembolsó los 35.000 euros en mayo de 2015, tras pedir un préstamo bancario que sigue pagando a día de hoy. "Era un plan irrechazable", ha revelado el segundo afectado después de que los acusados le explicaran la oferta formativa y laboral, pero ha agregado que "no se cumplió nada".

"La formación teórica, si se le puede llamar así, fue escasa, no nos proporcionaron libros, solo algunas fotocopias, no hice el simulador ni llegué a estar en uno de los aviones para los que me estaba formando", en concreto, los FOKKER, ha señalado el segundo afectado. Además, explica que los acusados sostenían que habían comprado modelos de esa aeronave, pero que, al final, resultó ser falso.

Por ello, el ministerio fiscal pide una pena adicional a los cinco años de 10 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, así como el pago de 35.000 euros a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

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