El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido blindar hasta 2028 dos medidas que pretenden garantizar la convivencia y el descanso vecinal en Ciutat Vella. Por un lado, se mantiene para los próximos cuatro años la prohibición de rutas turísticas frente al llamado turismo de borrachera. Además, también se extiende hasta el mismo año la limitación de grupos turísticos, tanto en lo que se refiere al tope de personas que pueden formar parte, como de grupos que pueden coincidir en un mismo emplazamiento.

La prohibición de promover, organizar o realizar rutas alcohólicas por las calles de Ciutat Vella está vigente desde 2012 y hasta ahora se iba renovando anualmente. De hecho, este año vencía en octubre y con este paso adelante, el veto de los correbares se extiende a cuatro años. El decreto contempla sanciones de hasta 900 euros para los responsables, los guías de los grupos, las empresas promotoras y los establecimientos que participen en las rutas y que no cumplan estas medidas, ha afirmado Albert Batlle, teniente de alcalde de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona y concejal de Ciutat Vella, este martes en rueda de prensa.

En cuanto al número de sanciones, en 2022 la Guardia Urbana interpuso 408; en 2023, ascendieron a 586 y en 2024 durante el primer semestre han sido 129. En este punto, Batlle ha insistido en que las sanciones se deben a la publicación de anuncios promocionales de las rutas. Además, la Dirección de Turismo del Ayuntamiento ha retirado una cincuentena de anuncios que promocionaban este tipo de rutas de consumo de alcohol en plataformas digitales de anuncios de ocio.

Otro decreto que también pasa de alargarse cuatro años, hasta 2028, es el que limita a 20 las personas que pueden formar parte de una visita turística guiada. El texto, además, establece un tope de grupos que pueden coincidir en 12 puntos turísticos de Ciutat Vella. Este decreto, que se prorrogará en septiembre, también prohíbe el uso de los altavoces para las explicaciones, para fomentar el uso de radioguías en todos los barrios, y minimizar su impacto acústico. Las actividades que no se ajusten a la normativa podrán ser sancionadas con hasta 1.500 euros, llegando a 3.000 euros por reincidencia.

Todo ello está supervisado por agentes cívicos, que informan a los guías turísticos y, si es necesario, alertan a la Guardia Urbana. En cualquier caso, según datos del Ayuntamiento, cerca del 97% de los grupos han cumplido con la normativa y, en este primer semestre de 2024, los agentes cívicos pudieron visualizar la actividades de 3.828 grupos en los principales puntos, con una media de personas por grupo de 13. Solo se constató el incumplimiento de 114 grupos, lo que supone cerca del 3% de los grupos contabilizados.

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