Condenan a un activista español a 8 años de cárcel en Camboya por conspiración e insultos al rey

Un tribunal de Camboya ha condenado a penas de entre 6 y 8 años de cárcel a nueve activistas camboyanos y uno español, que no se encuentra en el país, por conspirar contra el Gobierno e insultar a la monarquía en el marco de su trabajo en favor del medioambiente.

El español Alejandro González Davidson, fundador de la galardonada ONG Mother Nature, fue sentenciado en rebeldía a 8 años de prisión por conspiración (artículo 453) e insultos al rey (artículo 437), según informó en un comunicado el colectivo defensor de los derechos humanos Licadho.

Los otros activistas de Mother Nature, recibieron una condena de 6 años de cárcel por vulnerar el artículo 453. Asimismo, Licadho (acrónimo de la Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos) señaló que cuatro de los activistas fueron detenidos “de manera violenta” frente al tribunal en Nom Pen tras la sentencia.

Los cuatro participaron en una marcha pacífica de protesta antes de la vista, pero no entraron en la corte. “Los activistas de Mother Nature llevan años sufriendo acoso, amenazas y acusaciones penales por su pacífico activismo medioambiental”, explicó Licadho.

González Davidson fue expulsado del país en 2015 por actividades relacionadas con su defensa del medioambiente tras más de dos décadas en Camboya, que le deniega el acceso al país. No está claro exactamente por el momento a qué actividades de los condenados se refieren las graves acusaciones.

Human Rights Watch denunció hoy que el primer ministro camboyano, Hun Manet, al igual que su padre, el exmandatario Hun Sen, han ignorado repetidamente los llamamientos de expertos de la ONU para que aborden la creciente limitación del espacio de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos en el país.

Mother Nature, fundada en 2012, fue galardonada el pasado noviembre en Estocolmo con el prestigioso premio Right Livelihood por “proteger la naturaleza y apoyar la democracia”.

En 2015, lograron paralizar la construcción de una presa en el valle de Areng y también consiguieron la revocación de la licencia a dos compañías dedicadas a extraer arena en estuarios de varios ríos, entre otras actividades.

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