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La Policía Nacional ha desarticulado en Tarragona una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, con 12 detenidos y se han liberado a 46 víctimas.
Las víctimas llegaban de Colombia a España con la promesa de un contrato de prácticas de hostelería por 500 euros mensuales, pero llegaban a trabajar 15 horas diarias y algunos cobraban 20 euros como máximo.
La organización criminal les convencía para viajar a España con la promesa de obtener un contrato en prácticas en hostelería. Una vez que les facilitaban la documentación necesaria para realizar el viaje, las víctimas contraían con la organización una deuda en concepto de viaje y trámites, quedando así a merced de los jefes de la organización.
Esta deuda cada vez se hacía mayor para así descontarles directamente el dinero del salario que percibían por su trabajo. Al llegar a España, las condiciones laborales no se ajustaban a lo establecido por los captadores, prometiéndoles un contrato en prácticas de estudiante de hostelería de cuatro horas diarias con dos días de descanso semanal, vacaciones por año de contrato y un sueldo inicial de 500 euros mensuales
Sin embargo, las jornadas llegaban a ser de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo. Los descansos semanales se les concedían en contadas ocasiones y sin vacaciones. El salario que recibían tras las deducciones que realizaban los detenidos en algunos casos era de solo 20 euros.
Algunos llegaban a España en condición de turistas, y para enmascarar la situación de explotación laboral real, los líderes de la organización criminal les obligaban a inscribirse en cursos de formación en convivencia criminal con dichas academias de formación. Unos cursos que nunca llegaban a realizar y por el que pagaban grandes cantidades de dinero.
Los miembros de la organización controlaban incluso las bajas médicas para evitar que las tuvieran. Si alguna de estas personas se encontraba indispuesta, les facilitaban ellos mismos fármacos potentes que en realidad requerían de receta médica para que continuaran trabajando.
Al inicio del mes de abril se practicaron cuatro entradas y registros en las viviendas de las víctimas. También se llevaron a cabo otras dos en las viviendas de los líderes de la organización y otras cuatro en locales de hostelería.
En total se han intervenido dos armas detonadoras, 22.295 euros en efectivo, dos dispositivos móviles, dos portátiles, un vehículo, un disco duro grabador, cámaras de vigilancia y diversa documentación de interés para la investigación.
El juzgado de instrucción competente ha ordenado la clausura de los cuatro locales de restauración de los que se valía la organización criminal para llevar a cabo la explotación. En el curso de la explotación se han detectado a un total de 46 víctimas liberadas.
En el dispositivo han participado más de 180 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De las 12 personas detenidas y puestas a disposición del Juzgado de Instrucción, se ha decretado el ingreso en prisión para tres de ellas. Las víctimas ya han sido puestas en contacto con los servicios sociales para su protección.
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