Mossos d'Esquadra y Policía Nacional han colaborado para desmantelar una red que se encargaba de regularizar la situación administrativa de inmigrantes en España. En total, había gestionado unos 70 casos de personas en situación irregular.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado este sábado, el grupo tenía su epicentro en Figueres (Girona). Los agentes han podido detener a 58 miembros a los que se les acusa de falsificación documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Operaban mediante la formalización de contratos de trabajo fraudulentos, de corta duración. Pero la suficiente para cumplir con los plazos que marca la administración para resolver las peticiones de residencia en nuestro país.

Para realizar los trámites, los arrestados exigían a cada uno de los inmigrantes entre 3.000 y 5.000 euros. Aunque los investigadores no descartan que las cantidades fuesen superiores, según la necesidad de la persona y sus posibilidades económicas.

Por otro lado, se investigaron 24 parejas de hecho ficticias, entre ciudadanos españoles y extracomunitarios, dirigidas a facilitar la regularización de los segundos. Al final, se constató que en 21 de ellas, uno de los dos emparejados había solicitado la residencia.

Así, en 16 de los casos lograron el objetivo que buscaban. Como detalle, en uno de ellos el enlace se había producido entre una mujer extranjera y uno de los principales sospechosos, ya detenido.

Además, pudieron averiguar el empadronamiento falso en domicilios para acreditar la convivencia entre las parejas. El operativo de explotación para desmantelar este entramado se realizó en dos fases durante los meses de noviembre y diciembre de 2023.

Pudo descubrirse tras varias denuncias presentadas por clientes de una gestoría contra sus responsables. Alertaban de que estaban llevando a cabo prácticas fraudulentas. Los agentes identificaron hasta 24 procedimientos judiciales relacionados con esto.

Detectaron que 95 contrataciones dadas de alta en la Seguridad Social eran falsas. Figuraban a nombre de los denunciados o de sus empresas y estas personas perjudicadas apuntaron que desconocían la existencia de los documentos.

Igual que tampoco reconocían su firma en ellos. Tanto empresarios como autónomos que depositaban su confianza en la gestoría para realizar sus trámites burocráticos con las administraciones se vieron perjudicados.

Y es que sus responsables les explicaban que eran errores que iban a subsanar, cuando las víctimas se daban cuenta. Pero, después no lo hacían. Igualmente usaban las firmas digitales de otras personas, por ejemplo, las que contrataban sus servicios para las declaraciones de la renta.

Todo esto permitió a los agentes ver que los distintos miembros de la red tenían roles diferentes asignados. Otros integrantes el grupo se ocupaban de captar a los inmigrantes para que, a cambio de dinero, iniciasen con ellos las gestiones para regularizarlos.

Por último, una serie de mujeres, sobre todo, acordaban con la trama criminal aportar sus datos para inscribirse como parejas de hecho con los ciudadanos extranjeros. Eran recompensadas con una cantidad económica también.

Una vez que se disponga de sentencia judicial por el enjuiciamiento de esta causa, se podrá revocar la documentación obtenida de forma ilegal.

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