La Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) considera que la medida aprobada por el Gobierno de extender a todo 2024 la suspensión de desahucios y lanzamientos de hogares vulnerable "da un respiro" a más de 38.000 familias, aunque "al final es postergar la agonía".

Así lo ha manifestado este miércoles Lucía Delgado, la portavoz de PAH, sobre una medida aprobada en el Consejo de Ministros que "no es la solución", por lo que piden una alternativa habitacional.

"Es una buena noticia que no se vaya prorrogando de seis meses en seis meses porque es un agonía no saber si al mes siguiente vas a estar desahuciado. Pero lo que nosotras exigimos al gobierno es el alquiler social obligatorio para bancos y fondos de inversión", ha explicado Lucía Delgado a Informativos Telecinco.

La prórroga adoptada por el Gobierno está incluida en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

También se contempla la posibilidad hasta el 31 de enero de 2025 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario, recogida en el Real Decreto ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

Asimismo, se extiende hasta el 31 de enero de 2025 el plazo para que los arrendadores y titulares de vivienda afectados por la suspensión extraordinaria en vigor del desahucio o lanzamiento puedan presentar la solicitud de compensación prevista en ese mismo Real Decreto Ley.

"Esta medida no soluciona el problema de la vivienda, es verdad que da un respiro a las más de 38.000 familias que han podido parar el desahucio, pero al final lo que estamos haciendo es postergar la agonía", ha lamentado la portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.

En este sentido, la plataforma ha apuntado que la moratoria de desahucios "no paraliza todos los desalojos" de familias vulnerables. "Hay algunos puntos de fuga en la ley que no contemplan. Son personas que van a servicios sociales, sin hijos a cargo o que sus hijos son mayores de edad y no entran en esta medida si estás ocupando una vivienda de un banco".

La ampliación de las medidas de protección se aprobaron para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes.

Aquí se incluirían los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual, que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo.

En este último supuesto, se establece la posibilidad de que el juez, previa valoración ponderada y proporcional del caso concreto, tenga la facultad de suspender el lanzamiento, cuando los propietarios de estos inmuebles sean personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 viviendas, solicitando informe a los servicios sociales competentes para valorar la situación de vulnerabilidad económica e identificar las medidas a aplicar.