Los ayuntamientos y comunidades de vecinos podrán pedir el desalojo de pisos y locales ocupados cuando generen problemas de convivencia. La Generalitat de Catalunya prevé aprobar el próximo mes un cambio de ley para darles la posibilidad de actuar cuando los propietarios del inmueble no lo hagan.

Hasta ahora sólo el propietario podía denunciar la okupación en el juzgado para forzar un desalojo, pero a menudo los bancos y otras empresas que tienen muchos inmuebles se quedan de brazos cruzados. Por ello, el cambio del código civil que prepara el Departament de Justícia prevé que si en un mes el propietario no ha movido ficha, los vecinos puedan tomar la iniciativa.

"El objetivo es facultar a los ayuntamientos y vecinos para que puedan denunciar judicialmente okupaciones que alteren la convivencia y creen alarma social", ha explicado Lourdes Ciuró, consellera de Justícia.

En paralelo, el Departament de Drets Socials también cambiará la ley de vivienda para multar a los propietarios que sean pasivos ante okupaciones problemáticas con multas que pueden llegar a 90.000 euros. Además, la ley también permitirá pedir al juez la cesión del piso por vivienda social. "Queremos sancionar a los grandes propietarios y a la Sareb porque son parte del problema y actúan con dejadez", ha añadido Violante Cervera, consellera de Derechos Sociales.

La cuestión ahora será definir en qué casos y en cuáles no se establece que la okupación provoca problemas de convivencia o si esto quedará en manos de cada juez que reciba un caso. Los cambios legislativos se aprobarán en octubre y tendrán que pasar por el Parlament, por lo que pueden tardar meses en entrar en vigor.

La reforma que prepara el Departament de Justícia implica modificar el libro V del Código Civil catalán relativo a los derechos reales en el apartado de propiedad horizontal, para que los ayuntamientos y comunidades de vecinos puedan instar al desalojo de una finca ocupada cuando el propietario no lo haga.

El proceso será el siguiente:

El gobierno también modificará el artículo 553-40 del Código Civil para autorizar a las comunidades de propietarios a actuar, siguiendo el mismo procedimiento.

La consejera de Justicia, Lourdes Ciuró y Buldó, ha añadido que también instarán a los tribunales de justicia y la Fiscalía de Catalunya para que acorten al máximo los plazos, si es necesario con un nuevo protocolo, para acelerar los desalojos de este tipo de okupaciones, "que son un grave problema social". "Son okupaciones que a menudo hacen la vida imposible a sus vecinos y provocan un sentimiento de impotencia en muchos de nuestros ayuntamientos y alcaldes, porque no tienen herramientas para restablecer la convivencia en sus municipios", ha añadido Ciuró.

Por otro lado, el Departament de Drets Socials ha propuesto cambiar algunos artículos de la ley de la vivienda para considerar "utilización anómala" las okupaciones conflictivas "que generen alteración de la convivencia o el orden público", provoquen "alarma social " o donde se lleven a cabo "actividades ilícitas", y poder multar a los propietarios que no actúen para erradicarlas.

Cuando haya situaciones de este tipo se instará al propietario a actuar y, si no lo hace, se le sancionará, como ha explicado la consellera Violant Cervera. La medida está pensada para obligar a actuar a las entidades financieras, inmobiliarias o grandes tenedores "que no se ocupan de las propiedades que tienen".

"Se podrá iniciar un procedimiento sancionador y la inactividad de los propietarios ante las situaciones de empleo que generen alarma social y alteren gravemente la convivencia serán consideradas como infracciones graves.", ha señalado Cervera.

Si después de haber avisado al propietario y de haberle impuesto multas y sanciones sigue sin actuar, se les podrá obligar a ceder el uso de la vivienda a la administración para destinarla a alquiler social. De hecho, este lunes, el Govern pidió al ejecutivo nacional que ceda los pisos de la Sareb -la sociedad creada en el 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca- a la Generalitat, para poder destinarlos a alquiler social y reducir el déficit de vivienda pública. La Generalitat estima que Sareb dispone de más de 12.000 viviendas en Catalunya.

Precisamente este miércoles, los jueces han reclamado a los políticos que modifiquen las leyes para luchar de forma contundente contra la okupación. Según la Fiscalía, este tipo de delitos están aumentando de forma preocupante y en el último año se han denunciado un 12% más. 

En el 2021 se denunciaron 1.549 okupaciones en Catalunya, 167 más que en el 2020. La Fiscalía alerta de que la tendencia va al alza y que, con el marco legal actual, no se puede actuar con la suficiente celeridad para detenerlo.