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El asesinato de dos hermanas en Pakistán por renegar de un matrimonio forzado con sus dos primos ha aflorado la dramática situación que viven muchas mujeres en nuestro país. Se trata de una problemática todavía muy invisibilizada que arrolla a decenas de niñas a contraer matrimonio con personas que ellas no han elegido. Cataluña ha sido pionera en la elaboración de un protocolo para abordar y prevenir estos enlaces forzosos. En esta lucha, las escuelas juegan un papel fundamental para poder actuar a tiempo, pero no siempre es posible.
El protocolo se aprobó en 2020 y desde entonces miembros del Centre d'Estudis i Recerca en Migracions de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han colaborado con la Generalitat para formar a los técnicos y profesionales de distintos municipios de Cataluña. El objetivo es que aprendan a identificar cualquier caso de matrimonio forzoso, que sepan cuáles son las señales de riesgo y de qué manera pueden abordar cada situación. Y es que cada caso es un mundo.
"Hemos formado a profesores, técnicos de servicios sociales, cuerpos de seguridad, etc. Les hemos ofrecido una primera aproximación socio antropológica sobre las casuísticas. También han recibido una formación de corte jurídico para entender todos los dispositivos, ya que las cuestiones de extranjería pueden estar relacionadas a este tipo de casos. Y por último, les hemos enseñado como deben actuar en cada situación, teniendo en cuenta los protocolos", explica a NIUS Sonia Parella, Investigadora de CER-Migracions.
Uno de los objetivos principales del protocolo es enseñar a los profesionales a detectar las señales de casos sospechosos. En este sentido, la escuela es uno de los ámbitos clave para poder identificar posibles víctimas menores de edad que están en riesgo de contraer un matrimonio forzado. "Es importante que los profesores estén alertas de las señales que puedan dar aquellos niños o niñas que son hijos de familias procedentes de países donde esta práctica sigue estando presente. Especialmente cuando se detecta inquietud por parte del niño, abandono escolar prematuro, falta de asistencia a clase, un viaje programado que genera ansiedad en esa niña... Todo esto pueden ser señales y los profesionales deben tener mecanismos para establecer una relación de confianza con el menor y poder averiguar si estamos ante una posible situación de riesgo", añade Parella.
Cuando se detecta un caso así, el protocolo marca que se debe hacer una primera evaluación para determinar si se trata de una intervención urgente u ordinaria. "Si es urgente se aceleran algunos pasos. Se considera prioritaria cuando tenemos conocimiento de un viaje a un país extranjero de forma inminente, por ejemplo. En cambio, cuando son intervenciones ordinarias tienes un espacio de trabajo más amplio. Eso sí, siempre se hace de manera confidencial para no alerta al entorno de la joven que está forzando la situación de matrimonio no deseado", explica David Moya, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona.
Moya explica que la mayoría de los matrimonios se producen en una edad muy temprana, cuando la joven es menor de 18 años. Esto, en cierta manera, puede ayudar a las administraciones a detectarlo ya que las niñas están más controladas por los servicios públicos. "Si son menores pueden intervenir los servicios de protección del menor que, a diferencia que, con los casos de mujeres adultas, si pueden considerar que hay una situación de riesgo para la niña y pueden intervenir retirando la patria potestad, por ejemplo", detalla el profesor.
En cambio, la detección se complica cuando se trata de jóvenes mayores de 18 años, ya que es más infrecuente que tengan acceso a determinados servicios de la administración. En este caso, el papel de los servicios sociales, la atención sanitaria o de las fuerzas del orden es fundamental para detectar posibles situaciones de riesgo. Sin embargo, muchas veces viven aisladas del sistema y esto hace todavía más difícil la identificación.
"El problema es que es un fenómeno invisibilizado y faltan recursos. Falta todavía más formación de los técnicos para poder detectar estos casos en todas sus etapas, no solo antes de que se produzca el matrimonio, que es un momento clave, sino después. Muchas veces las situaciones de violencia se producen en el momento que se quiere romper esa relación, como el caso de las chicas asesinadas", señala Sonia Parella.
Para mejorar los sistemas de identificación, desde CER-Migraciones insisten en que es fundamental también trabajar desde la "perspectiva de las víctimas o potenciales víctimas". Encontrar las herramientas para sensibilizar y concienciar a la población para que las mujeres que viven esta situación sepan que tienen la posibilidad de denunciar, que van a tener acompañamiento en el proceso de ruptura y que no están solas.
"Cuando se trata de mujeres que ya han contraído el matrimonio y lo que quieren es romper con esa relación las dificultades son muy elevadas. En muchos casos es similar a la situación que enfrentan las mujeres que empiezan una vida tras vivir una situación de violencia de género, pero sumándole el aislamiento social. No solo supone una ruptura de la relación de pareja sino también del ámbito ámbito familiar más próximo. Pierden todos los referentes comunitarios", explica la investigadora.
Por ello, el protocolo de la Generalitat contempla también esa fase de recuperación que requiere de servicios de acompañamiento para estas mujeres que se enfrentan a este aislamiento unido a la falta de herramientas para encontrar un empleo y poder ser autónomas a nivel económico.
Conocer la realidad que vive cada mujer es fundamental para darle las herramientas necesarias para seguir. No obstante, ningún caso es similar, cada persona vive una experiencia diferente y hay muchos factores en juego. Desde que se inició el protocolo en el CER-Migraciones han detectado tres tipos de matrimonios forzosos que suelen ser los más habituales:
En primer lugar, los enlaces que se producen entre dos personas jóvenes afincadas en nuestro país. En este caso, los mecanismos de intervención son complejos, pero se pueden activar, ya que todo ocurre dentro de la jurisprudencia española. Dentro de este tipo, se incluye la variante de los matrimonios entre personas que viven en España, pero celebran la unión en el extranjero. En este caso, la intervención es mucho más complicada.
En segundo lugar, incluyen aquellos en lo que hay un elemento transnacional, es decir, que uno de los dos contrayentes se encuentra en el extranjero y el matrimonio se celebra allí. "En este caso, puede ocurrir que la parte débil que no se puede resistir a la presión es la persona que vive en España y la están obligando a viajar a su país para contraer matrimonio con alguien que está allí", explica David Moya. Estas situaciones suelen ser más problemáticas porque tras el viaje la administración española ya no puede intervenir, y "pierdes muy rápidamente la capacidad de intervención". Todo lo que se intente hacer es ya "sobre un matrimonio celebrado en otro país y no puedes controlar la capacidad de intervención que se ejerce allí".
Por último, está el supuesto que la persona que se encuentra en una situación más débil sea la que se encuentra en otro país. "Hablamos por ejemplo de alguien que vive aquí y se va a buscar esposa a su país de origen, que a veces es mucho más joven que él", aclara Moya. En estos casos, la administración española tiene poco a hacer, ya que apenas conoce si la otra parte consiente o no ese matrimonio. "Si se da posteriormente el reagrupamiento familiar y vuelven a España a no ser que se den otros tipos de violencia es difícil detectar este tipo de matrimonios forzados", explica el profesor.
Los matrimonios forzosos han existido siempre en todas las sociedades. Si bien en los países occidentales lo vemos como algo propio del medievo, según Sonia Parella, "en Europa la llegada de migración en los últimos años ha hecho que tengamos prácticas por parte de algunas familias o perfiles que en sus países de origen siguen estando presente". No obstante, insiste en que lo importante es no estigmatizar a determinados colectivos o confesiones religiosas, ni tampoco verlo como algo estrictamente cultural.
"Es evidente que hay aspectos que tienen que ver con prácticas culturales, como, por ejemplo, los crímenes de honor, de países donde se siguen produciendo desgraciadamente. En algunos casos podemos tener familias aquí que estén aplicando practicas parecidas, pero sería algo excepcional. Lo normal es que esas personas aquí gestionen este tipo de relaciones desde otros parámetros, basados en la negociación, la mediación, etc", añade Parella.
En este sentido, la investigadora asegura que también hay que tener en cuenta el factor económico. "Hay personas que pueden suponer una carga económica para la familia y esto explica muchos casos de matrimonios forzados en muchos países y también lo podemos trasladar aquí. Ya no solo es cultural, se una a una causa económica".
Pero por mucho que pasen los años, los matrimonios forzados siguen siendo un reto para la sociedad. Por ello, tanto Sonia Parella como David Moya coinciden en que la "principal" vacuna para superar y prevenir este tipo de situaciones es la educación. "Cuanto más prolongada es la trayectoria educativa de una joven más posibilidades tiene de poder evitar un matrimonio forzado, ya que podrá buscar formas de negociar con la familia otro tipo de situaciones a la hora de establecer la relación de pareja", explica Parella.
Los investigadores insisten en que es necesario concienciar a la sociedad de que se trata de un fenómeno preocupante y debe integrarse en la agenda política. "Forma parte de una realidad nueva a la que nos hemos tenido que enfrentar y que no hemos rodado recursos. Estos tímidos pasos que se han dado en Cataluña son importantes y esperamos que se haga también en otras comunidades", añade David Moya.
Pese a los esfuerzos de las asociaciones y entidades, contabilizar los casos sigue siendo una tarea complicada hoy en día. Existen muy pocas cifras y esto dificulta en cierta manera su abordaje. "Si destinamos recursos podremos ser más eficaces en la detección de estos casos y por lo tanto en las actuaciones que hagamos para ayudar a las víctimas. Hay que hacer más acción preventiva, identificación de riesgo y mejorar la capacidad de intervención. Hay normas de nuestro ordenamiento que deberían mejorarse, como la legislación de extranjería o el procedimiento matrimonial, para funcionar de manera más integrada. Hemos descubierto practicas muy diversas que ni se nos ocurriría pensar que existen", concluye David Moya.