Las viviendas turísticas están en el punto de mira y fruto de ello, el Ayuntamiento de Cádiz ha informado de que ha sancionado a seis con 10.000 euros en la capital por incumplir la normativa municipal.

El propio alcalde Bruno García lo ha trasladado así a los medios. Ya en junio, vecinos de la ciudad salieron a las calles para protestar contra el turismo masivo y la explotación de pisos turísticos.

Este viernes, el regidor ha dado a conocer que también se están investigando a otros 30 inmuebles que acogen a turistas: "Vamos a multar a los irregulares".

Para ello, ha destacado como "clave" la figura del "inspector", el profesional que se encarga de controlar los pisos turísticos. Comenzó esta tarea en julio de este año.

Desde entonces, ya ha compartido algunos datos que tienen de la actuación. Desde el 12 de ese mes (cuando se abrió el buzón de sugerencias) y hasta este jueves 29 de agosto, ha recogido 56 denuncias en total.

13 de ellas han sido por ruidos. Se ha comprobado que están dadas de alta en el sistema "correctamente". García ha asegurado que el consistorio va a analizar "todos los casos" que reciban. Aunque algunos sean más "complejos".

"Actualmente continuamos con las labores de inspección de manera continua, comprobando el resto de denuncias para acreditar las pruebas y verificaciones que permitan iniciar los oportunos expedientes de sanción y o de desestimación", ha detallado el alcalde.

Sobre las ya sancionadas y en estudio aún, desde el Gobierno local han aclarado que se dan diferentes "casuísticas". Por ejemplo, algunas son "viviendas clandestinas". Es decir, que no presentan solicitud ni registro.

O que están en edificios que no admiten el uso residencial, como los locales comerciales. Sus dueños son los que deben responder a las multas. También se informa a la Junta de Andalucía.

Bruno García ha recordado que este 2024 ya han efectuado hasta peticiones al Ejecutivo autonómico para dar de baja a inmuebles registrados como turísticos. Pero que incumplen la normativa local.

Según las cifras que tienen, el Ayuntamiento de Cádiz ha solicitado ya este año la baja de un total de 388 viviendas de uso turístico. Esas que no respetan la ordenanza.

Con la nueva ley aprobada por el Gobierno andaluz, "ya no debe entrar nada de alta que no cumpla el PGOU". Porque el sistema automáticamente lo comunica al consistorio y éste emite un informe que ratifica o deniega su puesta en marcha.

De tal manera que, hasta que eso no sucede, no se le concede el número del Registro de Turismo de Andalucía (RTA): "El espíritu es ese, que protejamos el suelo residencial del uso hospedaje".

"Y que se desarrolle el que está destinado al uso hotelero, para que la ciudad cuente con ese equilibrio que necesita entre la actividad turística y la residencia", ha concluido el regidor.

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