Gran golpe en Almería al suministro de grandes cantidades de combustible en alta mar a organizaciones criminales. La Guardia Civil ha intervenido casi 30.000 litros de gasolina en la llamada Operación Caramel.

En ella, han detenido a nueve personas de una red de abastecimiento a embarcaciones dedicadas al narcotráfico y a la migración irregular. Recordamos que en junio ya se descubrió en Cádiz una furgoneta que transportaba 200 garrafas para narcolanchas.

Este viernes, el Instituto Armado ha informado de la desarticulación de un grupo que tenía precisamente lanchas recreativas de gran potencia para navegar también con el combustible, obtenido de manera irregular. Los agentes empezaron a investigar esta actividad ilegal.

Así pudieron comprobar que la banda conseguía el carburante de gasolineras de la provincia almeriense, "que no cumplían con las exigencias legales respecto de las cantidades máximas que pueden ser distribuidas". Es decir, 60 litros del líquido y 240 de gasoil.

Después lo almacenaba en recintos donde había escasa seguridad, para más tarde transportarlo en garrafas de 25 litros y en vehículos no homologados hasta la zona de puertos. Allí se cargaban a las embarcaciones, que incluso podían llevar hasta 200 unidades.

Desde la Benemérita detallan que, fruto de estas acciones, se produjeron "diversos incidentes como algún hundimiento por las condiciones adversas del mar o el incendio de embarcaciones por manipulación imprudente". Incluso hubo muertes de tripulantes como consecuencia de estos sucesos.

Igualmente, suponía un "riesgo grave" para personas y medio ambiente el propio transporte de la gasolina a través de poblaciones urbanas. O su depósito en lugares ocultos, sin las condiciones de seguridad óptimas.

En el desarrollo del operativo para arrestar a los miembros de la red, los guardias civiles llevaron a cabo siete registros en inmuebles ubicados en las localidades de El Ejido, Balanegra, Adra y Roquetas del Mar.

Se intervinieron 12 embarcaciones, cuatro vehículos y dos armas cortas detonadoras, así como 10.000 euros en efectivo. A los detenidos se les acusa de presuntos delitos contra la salud pública, contrabando y favorecimiento de la inmigración.

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