La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, uno de los militares fallecidos en Cerro Muriano, pide prisión preventiva para los investigados

La familia del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años de edad y natural de Adamuz (Córdoba), que murió ahogado junto al soldado Carlos León Rico, natural de El Viso del Alcor (Sevilla), el pasado 21 de diciembre en una maniobra en un lago de la base militar cordobesa de Cerro Muriano, sede de la Brigada Guzmán el Bueno X, ha solicitado prisión preventiva para el capitán de la compañía a la que pertenecían los militares fallecidos, el teniente y el sargento investigados por la jurisdicción militar, todo ello en base a los artículos 215 y 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar.

En el escrito al Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla, el letrado que representa a la viuda del cabo, Antonio Granados, expone que "es el propio Tribunal el que reconoce que estos hechos revisten caracteres de un ilícito penal de delito contra la eficacia del servicio", de modo que, remitiéndose a los artículos 215 y 216 de la citada ley, considera que "es el momento procesal oportuno para que se decrete la prisión preventiva de los presuntos responsables".

En este sentido, cree que existen "motivos suficientes para ello, debido a la gravedad de los hechos, y para evitar la pérdida o manipulación de pruebas --documentales o testificales-- a las que los presuntos autores pudieran tener acceso --mantienen su empleo a día de hoy-- y que pudieran ser cruciales para el esclarecimiento de los hechos". Además, sostiene que "se cumplen escrupulosamente los requisitos exigidos en el artículo 216 de la Ley Orgánica Procesal Militar para que se estime esta petición y se decrete la prisión preventiva de los presuntos autores".

Por su parte, la familia del soldado Carlos León Rico anunció a mediados de enero, a través de su abogado, que una vez declare en sede judicial el capitán responsable del ejercicio, solicitará como medida cautelar su ingreso en prisión provisional, a la vez que manifestó su oposición a que el caso sea instruido por la justicia militar, algo que también rechaza la familia del cabo fallecido, reclamando que sea la jurisdicción ordinaria la que lleve el caso. Mientras, la Fiscalía ha pedido que sea la militar.

Al respecto, el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba ha emitido una providencia, con la que ante las nuevas diligencias solicitadas por las partes del caso, expone que "no ha lugar a pronunciamiento" alguno hasta que se determine cuál es el órgano judicial competente para investigar el asunto, pues dicha instancia se ha inhibido en favor del Juzgado Togado Militar Territorial número 21 de Sevilla.

La citada providencia fue dictada el día 9 de febrero,en un marco en el que la defensa del capitán del Ejército de Tierra investigado en la causa ha alegado que el ejercicio en cuyo desarrollo acontecieron estas muertes, el cruce de un lago artificial, no está "regulado específicamente en ninguno de los casi "300 manuales" de un informe del Estado Mayor.

Mientras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, pidió el viernes pasado "dejar que trabajen los jueces y en función de lo que vayan decidiendo, ya se tomarán las decisiones", tras ser preguntada por si tomarán alguna medida contra el capitán de la compañía a la que pertenecían los dos militares fallecidos, así como el teniente y el sargento, imputados los tres por la supuesta comisión de un delito del artículo 77 del Código Penal Militar contra la eficacia del servicio.

En declaraciones a los periodistas en la propia base, donde asistió a la toma de mando del nuevo general jefe de la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, el general de brigada Fernando Ruiz Gómez, Robles expresó que "el procedimiento judicial tiene una serie de fases", de manera que "ahora vamos a dejar trabajar a los jueces poniendo de nuestra parte todo lo necesario para que en este caso el juez que instruya o en su caso cuando llegue a instancias superiores puedan tener todos los elementos de juicio necesarios", dijo. Preguntada por si teme que haya habido negligencias graves en el ejercicio que acabó con la muerte de los dos militares tras la imputación de los tres mandos por la justicia militar, la ministra manifestó que, "por profesión y convicción", cree "plenamente en la justicia", de manera que defendió que "la justicia llegará hasta el final".

Además, mantuvo que "la justicia, los familiares y todo el mundo tiene que saber que van a encontrar siempre la colaboración total y absoluta desde esta Brigada", a lo que añadió que va a volver a reunirse "con los militares que ese día estuvieron en el lugar de los hechos, para que sin ningún tipo de miedo, ni corta pisa, puedan contar absolutamente la verdad y colaborar con la justicia". Según expuso, "el mejor homenaje que podemos hacerle al cabo y al soldado fallecido es que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos", al tiempo que resaltó que "la responsabilidad en su caso, si las hubiera, podrían determinarla los jueces, que son los únicos que pueden determinar responsabilidades".

Entretanto, el abogado penalista Luis Romero, que representa a los padres del difunto soldado Carlos León Rico, ha explicado que en los "más de 1.000 folios" de atestados elaborados por la Policía Judicial de la Guardia Civil de este caso pesan testimonios y pruebas que acreditarían "una absoluta falta de medidas de seguridad para evitar estas muertes".

El letrado destaca, dentro de los folios de atestados, las declaraciones de varios efectivos, según los cuales, ante las condiciones y dificultades que afrontaban los soldados para cruzar el lago artificial, "los subalternos" del capitán aconsejaron al mismo "parar" la maniobra, decidiendo no obstante el citado mando continuar con el ejercicio.

Dicho letrado ha señalado además que está contando con la "ayuda e ilustración" de "militares de muy alta graduación" que aportan perspectivas y documentos a la acusación particular, "para que se haga justicia y no vuelva a ocurrir" una situación como la que se investiga.

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