En una clase de sexto de Primaria, con alumnos de entre 11 y 12 años, pedimos que levante la mano quien tenga teléfono móvi. Más de diez alzan su brazo, son la mitad de la clases. Estamos en el CEIP José María del Campo, en Sevilla y aquí ya han recibido la nueva directiva sobre el uso de móviles.

En dichas instrucciones se limita el uso de teléfonos durante la jornada escolar, entendida esta como el espacio de tiempo que incluye el horario lectivo, tiempo de recreo y los períodos dedicados al desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.

“La mayor diferencia es que antes era la normativa interna de los colegios la que prohibía el uso de teléfonos móviles y ahora tenemos un aval de la Junta de Andalucía para que no haya problemas si aplicamos alguna sanción”, explica Sonsoles Salazar, directora del CEIP José María del Campo.

La norma tiene sus excepciones como que el uso de los dispositivos estuviera previsto en el proyecto educativo del centro para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos "debidamente justificados", teniendo en cuenta en todo caso la edad del alumnado, su maduración y sus características psicoevolutivas. ”Para el uso pedagógico de los dispositivos, podríamos aportar medios propios del colegio que además están más controlados”, dice Sonsoles.

La normativa también incluye otras excepciones como el uso de estos dispositivos por parte de alumnado alumnado que lo requiera atendiendo a sus circunstancias personales que tendrán que ser "debidamente acreditadas ante la dirección del centro por los representantes legales del alumnado". Además, dicha limitación "deberá quedar recogida" en los reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes centros docentes de las enseñanzas básicas.

La regulación del uso de los teléfonos móviles dictada por la Viceconsejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en los centros educativos andaluces entrará en vigor este martes para su aplicación "homogénea" en Andalucía, señalando que determinadas conductas "no cívicas ni ejemplarizantes desde un punto de vista educativo, social y emocional, son cada vez más amplificadas y expuestas a través de la inmediatez de los dispositivos digitales y especialmente, de los teléfonos móviles".

Por tal motivo, continúa, "es prioritaria la adopción de medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad para garantizar la protección de aquellas frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de internet, los distintos dispositivos y teléfonos móviles".

Por ello, señalan, "los centros educativos han de contemplar actuaciones de prevención del ciberacoso o posibles situaciones de abuso a través de medios tecnológicos dentro de su plan de convivencia", y además de las estrategias generales de prevención previstas en los planes de convivencia, en los distintos protocolos en vigor y en los planes de orientación y acción tutorial, "es aconsejable potenciar e intensificar actitudes y mecanismos preventivos y proactivos".

Asimismo, entre las medidas correctoras podrá contemplarse "retirar" al alumnado los dispositivos móviles, que se deberá efectuar en las dependencias administrativas del centro o en alguna otra de cualquier miembro del equipo directivo en presencia de, al menos, dos miembros del mismo y solicitando al alumnado que "proceda a apagar el teléfono móvil". El dispositivo retirado será depositado en el despacho de la dirección del centro que procederá a su custodia hasta que sea devuelto a los representantes legales del afectado.

En este sentido, la instrucción precisa que "las correcciones que hayan de aplicarse al alumnado por el incumplimiento de las normas de convivencia habrán de tener un enfoque educativo y recuperador y deberán garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado".

Igualmente, indica que el profesorado que esté realizando las funciones del servicio de guardia "prestará especial atención y extremará la vigilancia durante los periodos de cambios de clases y recreos". De otra parte, contempla que la Consejería diseñará y ofertará a lo largo del segundo y tercer trimestre del curso escolar 2023/2024 programas formativos específicos dirigidos a los docentes andaluces y equipos directivos sobre la educación en seguridad y privacidad digital, así como jornadas dirigidas a las familias sobre uso "seguro y responsable" de internet, dispositivos móviles y redes sociales de sus hijos.

Finalmente, la norma dicta que la Inspección Educativa, en el marco de su Plan General de Actuación, "velará por el cumplimiento" de las presentes instrucciones y "asesorará e informará" en relación con las mismas a los distintos sectores de la comunidad educativa, toda vez que añade que los centros privados y los centros sostenidos con fondos públicos "adaptarán la aplicación de lo establecido en la presente instrucción a su organización, en consideración a la legislación específica que los regula".