La familia de una alumna de segundo de Educación Primaria del colegio San Antonio María Claret de Sevilla que padece discapacidad auditiva y motriz del 66 por ciento ha denunciado que hace ya más de un año, que comenzó las gestiones en demanda de que la menor cuente con un interprete para lengua de signos en su actividad lectiva porque con el audífono que usa no percibe debidamente la información y se encuentra "perdida" respecto al desarrollo de las clases.

Desde octubre de 2022, la alumna aún está a la espera de que se le asigne un interprete para lengua de signos que la asista dentro del aula. En concreto, ha precisado que en septiembre de 2022, la familia de la menor y el equipo de orientación del colegio solicitaron un nuevo dictamen de escolarización porque aunque la alumna usa audífono, habría quedado de relieve que "no estaba recibiendo toda la información, no se estaba enterando y se encontraba muy perdida" en el transcurso de las clases.

Tras las oportunas gestiones, según su relato, ya en marzo de este año, el equipo de orientación educativa de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo emitió un nuevo dictamen de escolarización, reconociendo según esta madre el derecho de su hija a contar con un intérprete de lengua de signos "dentro del aula" como apoyo para su aprendizaje.

A partir de ahí, según su narración, tal dictamen fue expuesto a la Delegación Territorial y a diferencias instancias de la misma, como el responsable de la Inspección Educativa, el inspector responsable de la zona, el responsable de Planificación e incluso el delegado territorial del ramo, Miguel Ángel Araúz.

La dirección del colegio, según esta madre, "también procedió a solicitar dicha figura" de intérprete de lengua de signos merced al nuevo dictamen de escolarización, si bien se le habría comunicado en respuesta que la petición "estaba fuera de plazo y que no era el modo o procedimiento para solicitar dicha figura", con lo que el centro "tenía que esperar al plazo de alegaciones para presentar las correspondientes alegaciones".

"El plazo de alegaciones en años anteriores ha sido por el mes de abril, pero este año ha sido en el mes julio de 2023. El colegio por su parte, con las correspondientes indicaciones del personal del servicio de Ordenación Educativa de Sevilla, ha presentado dichas alegaciones y ahora nos encontramos a la espera que se resuelva el procedimiento, sin saber cuándo será resuelto y si traerá como resultado la figura del intérprete de lengua de signos, imprescindible para que mi hija se encuentre en las mismas condiciones de aprendizaje que el resto de sus compañeros lo cual le está provocando una gran desigualdad con respecto al resto de niños".

Tras este relato, esta madre muestra su "indignación por todo este proceso que se inició en septiembre del pasado año", porque todavía, su "hija sigue sufriendo daños colaterales, sin que el sistema haga nada al respecto, cuando se están vulnerando todos los derechos que tiene a una educación con las adaptaciones correspondientes y provocando una gran desigualdad en su integración en la sociedad".

Es más, la familia de la menor atisba una situación de "discriminación", alertando además que la niña está perdiendo un tiempo en su desarrollo educativo que "nunca va a recuperar".