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Comenzaron su acampada el 20 de diciembre y, después de un encierro de 236 días, los trabajadores de la planta de Zumosol de Palma del Río, Córdoba, han recibido con los brazos abiertos la sentencia del Tribunal Supremo que les da la razón y confirma que cobrarán los seis meses de nóminas pendientes.
Hace meses que los 38 trabajadores de la planta de Zumosol comenzaron un proceso que, aunque aún no ha terminado, ha visto este viernes un paso de gigante para su resolución. Estos trabajadores, que fueron en principio subrogados a otra empresa para luego verse sin trabajo y sin salario cuando todos "se desentendieron" de ellos, ahora ven un halo de esperanza. Zumos Palma SL (nombre de la compañía), desarrolló dos ERTES de seis meses, siendo el segundo de ellos denunciado por la Consejería de Trabajo de la Junta de Andalucía por considerarse ilegal. Así, en noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmaba este hecho y condenaba a la empresa a pagar los seis meses de nóminas correspondientes al período del ERTE. No obstante, la empresa recurrió y, ahora, en una sentencia a la que ha tenido acceso NIUS Diario, ratifica el Tribunal Supremo la decisión del TSJA.
Rafael Ruíz, uno de los trabajadores afectados, atiende a NIUS después de conocerse la decisión. Él es el encargado de gestionar las cuentas en redes que representan al grupo de trabajadores, donde han reivindicado en todo momento su causa. "En Twitter tenemos más de 30 mil seguidores y todo el mundo se ha volcado con nosotros", asegura. Durante estos 236 días han recibido ayuda de los habitantes de Palma del Río, pero también de organizaciones, asociaciones e, incluso, otros ayuntamientos vecinos. "Les estamos muy agradecidos a todos", afirma.
Durante el encierro, en el cual se han ido turnando los afectados por las circunstancias climáticas como el fuerte calor del verano, han intentado hablar con la empresa, pero el propietario "no nos cogía el teléfono". La situación llegó hasta el punto de que desde el Ayuntamiento intentaron mediar, recibiendo por respuesta, según explica Rafael, que el propietario no tiene "nada que saber con los trabajadores".
Para la gran mayoría de los trabajadores, lo que más desean es que "se haga un plan de viabilidad" que permita que reabra la planta y readmita a los trabajadores, que eran "casi 200 directos", además de los miles de empleos indirectos que generaba en la comarca entre jornaleros, transportistas o personal de mantenimiento, entre otros. Rafael, como la mayoría de sus compañeros, ha pasado las últimas dos décadas de su vida trabajando en la planta y tiene claro que, si sigue el plan de cerrarse, "que paguen los despidos que corresponden", pero, al menos, "que no quede por no haberlo intentado".
Aunque ha sido recibido de manera positiva el hecho de que los trabajadores vayan a recibir los seis meses de salario adeudados, no es el final del camino ni mucho menos. En septiembre tendrán lugar los juicios por los despidos que, desde la parte afectada, consideran improcedentes. Agustín Jiménez, secretario de Industria de CCOO Córdoba, atiende a NIUS para explicar en qué punto se encuentra el litigio, el cual puede durar aún meses.
El origen del problema está en que "la empresa interpreta que el ERTE estaba bien", aunque destaca Jiménez que "actuaba de mala fe" al "desamparar a los trabajadores". Llegado el mes de octubre, aparece una empresa llamada Cegeplas SL que "pese a dedicarse al plástico" desea hacerse con la planta. No obstante, "la empresa tiene solo 3.000€ de capital social y no tiene empleados". El artículo 44 del estatuto de los trabajadores dice que, aunque cambie la titularidad de un centro de trabajo, como sería la planta, "no extinguirá por sí mismo la relación laboral", por lo que el nuevo propietario debe asumir las obligaciones laborales y de Seguridad Social.
No obstante, Cegeplas tampoco quiso hacerse cargo de los trabajadores, los cuales fueron dados de baja de la Seguridad Social por parte de Zumosol, quedando así desamparados. Esta situación fue revisada por la Inspección de Trabajo, la cual encontró irregularidades y dictaminó que "era un proceso para evitar pagar a los trabajadores", tal y como explica el representante sindical a NIUS. De hecho, este informe de la Inspección será "de gran ayuda" en los juicios que tendrán en lugar en septiembre donde se tratarán las 38 denuncias interpuestas por los trabajadores, cada una de manera individual, donde se reclama la indemnización por despido. El propio Agustín Jiménez reconoce que "se tiene que dar muy mal para que no confirmen que fue despido improcedente", por lo que se muestra optimista.
El representante de CCOO manifiesta "no entender" por qué la empresa ha luchado por dilatar el proceso, ya que ahora "tendrán que pagar más que si lo hubiesen hecho bien desde el principio". No obstante, ahora desde la empresa se han prestado a reunirse con los trabajadores para organizar el pago de las nóminas, lo cual entienden como "positivo".
El proceso, que la empresa ha dilatado en el tiempo todo lo posible, aún no ha terminado. Aunque la sentencia del TS sobre las nóminas no admite recurso, las que se dicten sobre los despidos sí podrían, por lo que aún queda camino por recorrer. Además, hay diferentes demandas penales pendientes, como la de la empresa Ciprosuco, que tuvo subrogada durante tres años la planta. Toda esta madeja de juicios lo que se resulta es en "preocupación" por la situación de la fábrica, ya que "la comarca pierde un punto de industria importante por el cultivo de naranja y se pierde a un operador clave". Miles de personas esperan ahora ansiosas que todo vuelva a ser como antes.