Hoy se dio a conocer que el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ha admitido a trámite la solicitud contra el todavía presidente de la CEOE y ex propietario de Marsans, mientras que el Juzgado de lo Mercantil número 9 hizo lo propio con la solicitud contra Pascual en un auto fechado el pasado 15 de octubre.
Los dos empresarios tendrán cinco días desde la notificación de los respectivos autos para aceptar u oponerse a la petición de Olympia, en cuyo caso se convocarán las correspondientes vistas orales para escuchar los argumentos de ambas partes.
Los antiguos dueños del grupo Marsans, vendido en junio a la desconocida Posibilitumm, han intentado ganar tiempo acogiéndose al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que les permite negociar con sus acreedores un plan de pagos durante un máximo de cuatro meses.
Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, Pascual ha sido el último en comunicar el inicio de las conversaciones, una semana después de que Díaz Ferrán se acogiera al mismo procedimiento especial para tratar de frenar nuevas solicitudes orientadas a que se le declare insolvente.
El procedimiento especial de la Ley Concursal les blinda ante nuevas peticiones, pero no ante las presentadas con anterioridad, como es el caso de Olympia y de NH Hoteles.
Los empresarios podrían evitar esos procedimientos si abonaran los importes reclamados y podrían agotar así el plazo de negociación blindada con acreedores sin temor a entrar en suspensión de pagos.
En cualquier caso, el despacho de abogados Unive, que representa a varios acreedores de Marsans, cree que ambos empresarios han reconocido ya su estado de insolvencia al acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal.
El profesor titular de Derecho Civil y colaborador de Unive Mariano Hernández recuerda que dicho precepto se aplica sólo al deudor que, "en estado de insolvencia actual", haya iniciado negociaciones para acordar un plan de pagos.
Los dos empresarios se encuentran en una delicada situación, ya que afrontan peticiones de embargo por deudas superiores a 28 millones de euros, reclamadas por Pullmantur, Riu Hoteles, Banco Espírito Santo, Barclays Bank, Accor o Sol Meliá, además de Olympia y NH Hoteles.
Parte de esas reclamaciones se originaron a raíz de que Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual avalaran personalmente deudas del grupo Marsans, vendido en junio a la sociedad Posibilitumm.
A los embargos solicitados por los acreedores hay que sumar los 37,64 millones que el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ordenó embargar a ambos empresarios y a sus familiares, ya que podrían tener que compensar con su patrimonio el agujero de Air Comet por la "pasividad" que mostraron para pedir su insolvencia.