La trama de compraventa del monasterio de Santa Clara en Orduña se ha convertido en un auténtico foco de atención mediática que tiene a las monjas clarisas de Belorado, en Burgos, como principales protagonistas. El caso, además, cuenta con el díscolo Pablo de Rojas Sánchez-Franco, obispo excomulgado en 2019 y fundador de la llamada Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, --que no está en comunión con Roma y que consideran una secta--, quien se ha unido a las hermanas en Belorado dando fuerza a un cisma que irá ya de lo eclesiástico a lo judicial.

La polémica parte desde un contrato de compraventa para hacerse con el control del citado monasterio de Santa Clara de Orduña, en Vizcaya. Las ya denominadas ‘rebeldes de Belorado’ se comprometieron a abonar 1,3 millones de euros, pero afrontaron solo el primer pago, de 100.000.

La congregación católica de Vitoria, según informa El Correo, es la propietaria legal del edificio religioso y ahora, ante el impago, llevarán la lucha en Orduña a la vía judicial para recuperar el control del monasterio.

Las rebeldes de Belorado, que recientemente han asegurado que no están secuestradas y “no se van de la Iglesia”, --pese a que en un comunicado se anunció que abandonaban la iglesia católica--, habían denunciado su desacuerdo sobre la venta de un convento en Derio (perteneciente a la Diócesis de Bilbao) con el que pretendían conseguir el dinero para comprar el de Orduña.

Según alegaban, la Iglesia estaba bloqueando la venta, y de ahí su ruptura, pese a que las archidócesis de Burgos, Bilbao y Vitoria han negado haber recibido solicitud alguna.

En esta situación, el importe de esa compraventa del monasterio de Santa Clara de Orduña no se ha abonado al completo, por lo que las clarisas de Vitoria emprenderán acciones contra las de Belorado para recuperarlo.

Concretamente, según informa El Correo, existe una escritura legal que incluye una cláusula de rescisión del contrato en el supuesto de impago, algo que la congregación vitoriana considera que existe, siendo que las de Belorado adeudarían distintos abonos trimestrales de 75.000 euros cada uno.

Es por ello por lo que presentaran una “demanda civil en ejercicio de la condición resolutoria pactada en la escritura de compraventa”, según recoge el citado medio. Así, esperan que se ordene la marcha de Orduña de las apenas dos religiosas que estarían en ese monasterio, mientras el grueso permanece en Belorado.

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