Luis Rubiales y su mandato en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han vuelto al foco mediático a raíz de una investigación por las preguntas irregularidades que afectan a contratos del organismo federativo desde 2018, cuando el motrileño estaba al frente. De esa época, --en la que ya entonces hubo muchas preguntas por el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí y las posibles comisiones--, son dos contratos los que centran especialmente la atención de los investigadores.

Todo terminaba de desencadenarse ayer, cuando se conocía que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba registrando la sede de la RFEF y el domicilio del propio Luis Rubiales. En total, concretamente, realizaron 11 registros que se prolongaron hasta la madrugada y que también llevó a las autoridades hasta el estadio de La Cartuja en Sevilla.

Las diligencias, policiales, realizadas también en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y con apoyo de EUROPOL, estaban dirigidas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), que es justamente el que empezó a investigar el contrato para el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, lo que contó con la rúbrica de Luis Rubiales y la intermediación de Gerard Pique, empresario y exjugador del FC Barcelona.

En el foco de las pesquisas, no obstante, lo que estarían son otros dos contratos. La Guardia Civil investiga si Luis Rubiales desvió fondos de la Federación de algunos de ellos como el que se firmó en Sevilla para mejorar el estadio de La Cartuja. La Junta de Andalucía, que ha entregado toda la documentación del contrato a la UCO, dice que ha cumplido con todo lo acordado con la Federación, pero se analiza todo pormenorizadamente.

Hasta bien entrada la noche los agentes estuvieron buscando contratos con diferentes empresas; documentos que requiere la jueza para estudiar si podrían haber cometido delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

El principal de los contratos en investigación atañe a la citada reforma del estadio de La Cartuja. Fue la Junta de Andalucía la que pagó 3 millones de euros por esas obras, pero los encargados de seleccionar a la empresa fueron de la Federación.

Eligieron concretamente a una que tenía como directivo al hermano del responsable jurídico de la Federación. Ambos, Ángel Gonzalez segura, directivo de la constructora Gruconsa, --la elegida para las obras en el estadio--, y Pedro González Segura, director de Servicios Jurídicos de la RFEF, son dos de los siete detenidos ayer en la operación.

Entre los arrestados, igualmente, estaba José Javier Giménez, director de Recursos Humanos de la Federación, y Tomás González Cueto, quien era asesor jurídico y mano derecha de Luis Rubiales en su mandato en el organismo federativo.

Por su parte, el otro contrato bajo la lupa está relacionado con criptomonedas. Específicamente, con un acuerdo con una empresa turca para hacer una moneda de la Federación a cambio de llevar su nombre en la camiseta de entrenamiento. Durante un periodo, lo llevaron impreso, pero finalmente se canceló porque la empresa no cumplió con lo pactado.

A este respecto, los investigadores igualmente tratan de esclarecer si Rubiales y su círculo cercano se habrían llevado comisiones encubiertas por adjudicar contratos a empresas gestionadas por sus amigos.

En el marco de la investigación, la Fiscalía ha dictado una orden de detención contra el expresidente de la RFEF, que ha eludido el arresto porque está en la República Dominicana.

Desde allí, a través de un escrito remitido por su abogada, ha comunicado que volverá a España el 6 de abril, salvo que la Justicia requiera que lo haga antes, precisando que se pondrá “a plena disposición del juzgado”.

El motrileño, al parecer, se encuentra en el país caribeño por motivo de negocios y pasa allí largas temporadas en una comunidad privada exclusiva de Punta Cana.

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