Casi 180.000 (179.244) personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 21.008 menos que en 2022, y 40.447 fallecieron esperando en el último año, según el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Además, advierte que al ritmo del pasado año se tardaría 8,5 años en lograr la plena atención. 

Según se desprende del documento consultado, son 117.181 las personas que están pendientes de valoración, 14.623 menos que hace un año. Con lo cual, la desatención alcanza a 296.431 personas, 36.671 menos que en 2022. 

Además, añade que del 46,2% de las personas desatendidas (82.817) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado. 

Igualmente, muestra que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 324 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia). Sólo cinco territorios están por debajo o cercanos a los seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación: las comunidades de País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Ceuta. 

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 fallecieron 40.447 personas en la lista de espera de la dependencia, 18.454 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 21.993 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte de que esto supone que diariamente fallecen más de 111 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. 

Asimismo, el informe precisa que durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 220.100 personas con solicitud de dependencia fallecidas. De las 220.100 personas fallecidas, el 79,04% tenían más de 80 años, es decir, 173.959 personas. 

En todo caso, expone que en el tercer año de despliegue del Plan de Choque para la dependencia se han atendido a 94.429 personas más que en el año 2022, lo que supone 287.636 personas atendidas tras el despliegue del plan de choque. 

Por otro lado, los autores del estudio señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 240,17 euros (percibidas actualmente por 558.234 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 157,9 €\/mes para los Grado I; 265,2 €\/mes para los Grado II y 369,6 €\/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios. 

Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,8 horas al mes, por grados 15,8 horas al mes para los Grado I; de 38 horas al mes para los Grado II y de 57,9 horas al mes para los grandes dependientes. Para estos últimos apuntan que supone dos horas y media diarias de lunes a viernes, lo que consideran "claramente insuficiente". "Son personas que necesitan apoyos de forma permanente", agregan. 

Respecto al perfil del cuidador familiar explica que el 73% son mujeres y el 27% hombres, el 28,4% tienen de 16 a 49 años, el 46,9% de 50 a 66 años, el 17,7% de 67 a 79 años, el 6,2% de 80 a 89 años y el 0,9% 90 años o más. Por otro lado, apunta que el 34,4% es hijo\/a, el 24,3% madres, el 20,1% cónyuge, el 4,4% hermano\/a, el 3,3% padre, el 1,7% yerno\/nuera, el 1,8% nieto\/a, el 1,4% compañero\/a y el 8,5% otras personas. 

En este sentido, añade que solamente 77.230 personas (88% mujeres) se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la Seguridad Social, lo que supone un 14,29% del total de las personas cuidadoras. El informe también expone que han sido nueve las Comunidades que han disminuido en 2022 respecto a 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia. 

En concreto, señala que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2023 asciende a 10.446 millones de euros. De estos, 8.312 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (2.134 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,4%). Del gasto público directo en dependencia en 2023, la Administración General del Estado soportó el 39,6% y las Comunidades Autónomas el 60,4% restante. Asimismo, subraya que el Gobierno de España ha cumplido la Disposición Final séptima de la Ley 36\/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, posibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social. 

Sin embargo, indica que el Plan de Choque para la dependencia no ha cumplido con el objetivo de establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. En este sentido, expone que el 64,2% de las personas atendidas en sus domicilios cuentan con este servicio. 

Otros de los objetivos no cumplidos del plan aseguran que uno era la mejora de las prestaciones e intensidades de los servicios y el otro mejorar sensiblemente la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio. Además, denuncia que sigue sin evaluarse el impacto negativo de género.

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