Más de un millar de gallegos perdieron la pensión no contributiva (PNC) durante el pasado año 2023 por superar el tope de ingresos, para lo que se tiene en cuenta tanto los ingresos personales como los de las personas con las que conviven. El dato, que afecta directamente a un grupo específico e importante para el voto en las próximas elecciones autonómicas del 18 de febrero, se enmarcan dentro de un informe del Imserso.

Titulado ‘Pensiones no contributivas de la seguridad social y prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad. Revisión anual y revisiones de oficio e instancia de parte año 2023’, tal y como refleja, en Galicia, --donde a principios de año había 36.942 beneficiados por esta ayuda de la Seguridad Social dirigida a aquellos trabajadores que no han cotizado lo suficiente para acceder a una prestación ordinaria--, se retiraron hasta 3.064 de estas ayudas (siendo extinguidas 209 tras una revisión ordinaria y 2.855 tras una de oficio ante la detección de cambios).

Concretamente, si bien casi la mitad de ellas, --1.483 (un 48,4%), fueron retiradas por fallecimiento del beneficiado, hasta 1.161, un 37,89%, fueron extinguidas por cuestiones económicas relativas a los ingresos personales o la unidad económica de convivencia (UEC), mientras 17 fueron por causas vinculadas a la residencia, 47 por grado y baremos y 353 por otras razones.

Tras esta retirada de las ayudas se encuentra un exhaustivo método de revisión y control, por el cual los beneficiados, todos los años, y en el primer trimestre del ejercicio, tienen que aportar una declaración de ingresos, tanto personales como del resto de convivientes, para la evaluación del correcto cumplimiento de los requisitos.

Sin ellos, se produce la modificación o extinción inmediata del derecho a la prestación, la cual este año se ha revalorizado en un 6,9%, hasta alcanzar los 517,9 euros mensuales, que equivalen a 7.250,6 euros anuales de prestación no contributiva, tal como explicaba recientemente Moncloa.

Como parte de estas revisiones, el Imserso, o la Consellería de Política Social en el caso gallego, y tal como recoge La Voz de Galicia, vigilan también los cambios que se producen a lo largo del año en la situación de los beneficiarios, teniendo así la potestad de abrir procesos de revisión de oficio ante cualquier signo de cambio en sus circunstancias.

De este modo, tal como refiere el propio informe del Imserso, en Galicia se realizaron un total de 36.853 revisiones ordinarias, es decir, un 99,759% de las pensiones no contributivas que había al inicio de 2023, así como otras 5.462 de oficio.

Respecto a esto último, el Imserso muestra en su informe que la mayor parte de las extinciones del derecho a la prestación se producen precisamente tras las revisiones de oficio ante la detección de cambios. Mientras en el caso de las revisiones ordinarias más del 91,6% se saldan sin ninguna intervención o revisión de la cuantía, en el caso de las de oficio los datos cambian: en un 52,27% de los expedientes se ejecuta la retirada de la pensión (2.855 de 5.462 revisiones), mientras a aproximadamente una cuarta parte se le modifica la cuantía (1.265 de 5.462), y mayoritariamente para reducirla. Así, tan solo el 20% de los procesos de revisión acaban sin modificación.

Con todo ello en cuenta, según recoge este informe que no escapa a una actualidad marcada por las próximas elecciones autonómicas, la nómina total de prestaciones no contributivas de jubilación en Galicia descendió en diciembre hasta 24.092 beneficiarios y una pensión media de 481,32 euros. Y al mismo tiempo, otros 12.544 gallegos cobran la PNC por invalidez, ingresando de media 528,93 al mes.

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