El futbolista Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por agredir sexualmente a una joven en los baños de una discoteca en Barcelona el pasado 31 de diciembre de 2023, va a salir en libertad provisional tras el pago de una fianza de un millón de euros; una decisión que ha desatado nuevamente una tromba de reacciones, con la abogada de la víctima anunciando que recurrirá y denunciando que “se está haciendo Justicia para ricos”.

La Audiencia de Barcelona ha acordado esta decisión por mayoría y con el voto particular de uno de los tres jueces contrario a la excarcelación, y tal como queda recogido en un auto, prohíbe al condenado salir del territorio nacional y le obliga a comparecer ante la Audiencia Provincial semanalmente.

Además, le imponen la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima a una distancia inferior de 1.000 metros de su domicilio; lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente.

Según informa La Vanguardia, el futbolista brasileño habría recurrido al padre de su compatriota Neymar para poder pagar la fianza y reunir, mediante el abono de un cuantioso ingreso, el millón de euros.

En este sentido, la pretensión de la defensa del futbolista era que la entrega del dinero se produjese antes de las 14:00 horas, --hora de cierre de la secretaría del tribunal--, pero no ha llegado a tiempo.

Por esta razón, como informa Europa Press, el jugador brasileño no saldrá de prisión este miércoles.

Si llega a depositarla más tarde o a partir del jueves, una vez el tribunal compruebe que se ha hecho el ingreso, redactará un auto para notificar a Brians 2 (Barcelona) que el jugador queda en libertad.

En su auto, el tribunal ha señalado que "conviene recordar que la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado o la de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones".

Del mismo modo, el tribunal ha valorado que la pena impuesta se ha reducido de forma considerable, ya que Fiscalía pedía 9 años y la acusación particular 12, y que ya lleva 14 meses de forma preventiva, "pudiendo ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia".

En este sentido, uno de los tres magistrados de la sala ha emitido un voto particular en el que discrepa de la decisión: "Creo que debería prorrogarse la situación provisional del acusado con el límite máximo de la mitad de la pena impuesta, esto es, dos años y tres meses de prisión". "Los argumentos que llevaron a acordar la prisión provisional, no solamente se han confirmado, sino que se han reforzado", ha añadido.

A ese respecto, además, ha recordado que hasta en tres ocasiones la Audiencia Provincial ha considerado que existía riesgo de fuga. 

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