El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ampliado la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado en la causa que instruye contra su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Según la información que publica El País en su portada de este sábado, recogida por EFE, la Abogacía General del Estado presentó el jueves, en su nombre, un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el juez porque considera que practica una "injusticia intrínseca" y realiza "interpretaciones forzadas o artificiosas".

El pasado 30 de julio, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar contra su mujer, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga por presunto tráfico de influencias e inmediatamente interpuso una querella contra el magistrado, Juan Carlos Peinado, por prevaricación.

Sánchez, en una declaración que duró dos minutos en el Palacio de la Moncloa, simplemente ratificó que la investigada es su mujer y que, por tanto, se acogía a su dispensa a no declarar en contra de ella, como le permite la ley.

Poco después, la Abogacía del Estado, en representación de la Presidencia del Gobierno, que ostenta Sánchez, presentó una querella ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra Peinado por un presunto delito de prevaricación judicial.

La querella pedía al TSJM que investigue al magistrado al considerar que dictó "a sabiendas" varias resoluciones "injustas" y contrarias a lo dispuesto en la norma, ya que atendían a "convicciones propias" que "se apartan de su deber investigador".

Al día siguiente, el jefe del Ejecutivo defendió la querella por prevaricación presentada por la Abogacía del Estado contra el juez Peinado porque "se han atropellado derechos" reconocidos a la institución de la Presidencia del Gobierno desde 1886.

En la rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez tachó de "montaje" la sucedido cuando Peinado acudió a La Moncloa para tomarle declaración como testigo, y calificó de "absolutamente patético y bochornoso" ver a las "asociaciones ultraderechistas -Vox, Manos Limpias y Hazte Oír- pelearse", por ver quién accedía al Palacio.

Tres días después de esta querella, Begoña Gómez también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" y "ha forzado" las normas en una instrucción "perversa".

El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, solicitó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por funcionario público.

El pasado 22 de agosto, el juez Juan Carlos Peinado dijo en una providencia se pueden sacar "conclusiones" del "silencio" del líder del Ejecutivo cuando se negó a declarar ante él en La Moncloa como testigo.

Aseguró que su "silencio" es "legítimo" pero que, "como es bien sabido, permite dar lugar a la formación de inferencias, que, en su caso, en conjunto con otros elementos de carácter objetivo, puedan llevar a conclusiones de carácter objetivo, al objeto de valorar la posible concurrencia de aspectos integrantes, de posibles indicios, bien en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal".

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