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Manos Limpias amplía su querella contra Begoña Gómez para añadir el delito de intrusismo profesional

El sindicato Manos Limpias ha presentado ante el juez que investiga a Begoña Gómez una ampliación de su querella indicando que se debe sumar a los delitos ya investigados el de intrusismo profesional ya que, señala, la esposa de Pedro Sánchez habría redactado el pliego de prescripciones técnicas para el desarrollo de un software en el marco del máster que impartía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hasta ahora a Gómez se la investiga por los delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias se apoya en noticias de prensa para señalar que ese pliego firmado digitalmente por Begoña Gómez en realidad debería haber sido redactado por ingenieros técnicos.

"La señora Gómez carece, salvo que otra cosa pueda acreditarse, de la correspondiente titulación, esto es, de una ingeniería informática, la cual le habilitaría para la redacción de tales documentos", apunta, para añadir que la mera redacción y firma de tal pliego "hace que tal hecho se subsuma en la literalidad del precepto que castiga el intrusismo profesional".

Apunta asimismo que ese hecho fue objeto de denuncia ante la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios oficiales de Ingeniería Técnica Informática (CONCITI) por el Decano del Ilustre Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, en base a la presunta comisión de un delito de intrusismo profesional.

La acusación de Manos Limpias pide una nueva comparecencia de Gómez

Para Manos Limpias es evidente que se da ese delito en la persona de Begoña Gómez dado que a pesar de que era conocedora de que no dispone de titulación, "invade competencias (...) realizando actos que solo un ingeniero informático está capacitado para desarrollar". Y por ello, entre otra serie de diligencias, interesa una nueva comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez para ser interrogada por ese nuevo asunto.

Por el momento, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Vox recurrirá la decisión de la Fiscalía Europea

La Fiscalía Europea ha anunciado a Vox que rechazará que ejerza la acusación popular en la investigación que dirige relativa a dos contratos que habrían sido sufragados con fondos europeos y que formaban parte del denominado 'caso Begoña Gómez' que dirige un juzgado de Madrid.

Según ha informado este martes la formación, el órgano comunitario habría trasladado su decisión a la coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, que ya ha adelantado que el partido recurrirá esta negativa porque "según la normativa española las acusaciones populares también tienen derecho a la tutela judicial efectiva".

Castro ha insistido en que Vox quiere "saber e intervenir" en las diligencias de investigación de este caso para que no se "configure" un "procedimiento opaco" en el que no puedan saber "qué es lo que se investiga".

Fue el pasado 6 de julio cuando se dio a conocer que el partido liderado por Santiago Abascal había solicitado personarse como acusación popular en la pieza que la Fiscalía Europea abrió en junio tras asumir la parte de la causa que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

En el procedimiento que dirige el órgano comunitario se investigan dos contratos otorgados a una UTE en la que participó una sociedad del empresario Juan Carlos Barrabés y que se habría hecho con adjudicaciones públicas de Red.es financiadas con fondos europeos.

Cabe recordar que la denuncia de Manos Limpias sostenía que Begoña Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal, esposa del presidente del Gobierno de España", había "venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

Desde el sindicato aseguraban que uno de los empresarios "beneficiados por esas recomendaciones o avales" de Gómez es Carlos Barrabés, y que al mismo se le habrían adjudicado licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros.

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