La decisión del magistrado del Supremo, Pablo LLarena, de no amnistiar el delito de malversación al expresident catalán, Carles Puigdemont, despeja el camino al juez para activar una orden europea de detención y entrega (euroorden), más aún cuando ha perdido su blindaje parlamentario al dejar de ser eurodiputado.

El revés del alto tribunal complica ya no solo un hipotético retorno a España, al estar vigente la orden de detención nacional, sino su futuro en Europa, porque nada impide al magistrado dictar una nueva euroorden contra el expresident.

Fuentes jurídicas explican a EFE que cuando Carles Puigdemont recogió su acta de diputado autonómico del Parlament el pasado 10 de junio, perdió su condición de eurodiputado y su inmunidad parlamentaria. Esto es así porque, según las fuentes, es incompatible ostentar ambos escaños y en este caso prevalece el último que haya recogido.

Otras fuentes consultadas por EFE discrepan de esta interpretación y explican que el expresident perderá su blindaje europeo el próximo día 16 cuando se constituya la Eurocámara y deje de ser eurodiputado a todos los efectos.

Sea como fuere, sin la cobertura de la amnistía ni el blindaje que le otorgaba su escaño en Estrasburgo, su posición procesal en Europa vuelve a la casilla de salida, cuando huyó de España el 29 de octubre de 2017 para refugiarse en Bélgica.

Por eso, las fuentes aseguran que el juez no tiene ningún obstáculo para dictar una euroorden, si bien precisan que no puede actuar de oficio, sino a instancias de una parte y, a la vista de la posición de la Fiscalía y la Abogacía con la amnistía, es posible que la petición de dictar una nueva orden europea viniera solo de Vox.

Es cierto que la Justicia belga, país en el que ha establecido su base de operaciones desde Waterloo, no ha puesto las cosas fáciles para su entrega a España, si bien la Justicia alemana accedió en julio de 2018 a extraditarle solo por la malversación y no por rebelión ni sedición, lo que hizo que Llarena rechazara la entrega.

Desde entonces, las circunstancias han variado. En enero de 2023, el juez recibió un espaldarazo cuando el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) limitó las opciones de la Justicia belga para rechazar las euroórdenes emitidas por España contra los independentistas.

Y el mismo mes, Llarena aplicó la derogación del delito de sedición a Puigdemont, que era el principal escollo para una extradición, pero mantuvo la malversación, un delito que cuenta con un precedente en contra del expresident en Alemania.

A ello se suma el contexto político en Francia. Hay que esperar a ver qué fotografía sale de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que se celebran este domingo, porque la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, considera "humillante" que Puigdemont haya operado desde el sur de Francia durante las pasadas catalanas y asegura que si alcanza el poder esta situación acabará.

"Puedo decirle que, si ganamos las elecciones, esta situación no durará mucho. Seremos implacables con todos aquellos que ataquen las instituciones legítimas de su país, especialmente si son países amigos y socios", dijo Marine Le Pen en una entrevista a El Periódico de España, sin precisar cómo haría para llevarlo a cabo.

Hasta la fecha, Llarena estaba a la espera de que el TJUE resolviera el recurso de Puigdemont contra el fallo del Tribunal General de la UE que en julio de 2023 le retiró la inmunidad. Pero ocurre que mientras esperaba este desenlace, apareció la amnistía.

Ahora bien, al no haberse presentado a las elecciones europeas, el primer asunto decae, y la decisión de Llarena de no amnistiar la malversación resuelve la ecuación.

Otra cosa es que el propio Puigdemont precipite los acontecimientos si regresa a España ante una hipotética investidura en el Parlament o que el juez espere a que el Tribunal Supremo y el Constitucional resuelvan los recursos que la defensa presentará para que le apliquen la amnistía. 

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