Los fabricantes de móviles, tabletas y ordenadores tendrán la obligación de incluir un control parental sencillo y gratuito, según el anteproyecto de ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros. Esta norma, va más allá, ya que trata de proteger a los menores en los entornos digitales. Se impondrán órdenes de alejamiento en entornos virtuales y el pediatra tendrá que determinar si su paciente es adicto a la tecnología, entre otros.

El anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales está impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, aunque intervienen varios departamentos más, y forma parte de una Estrategia Nacional para la protección de la infancia y la juventud en los entornos digitales, que el Ejecutivo quiere aprobar íntegramente en otoño, una vez tenga el informe del Comité de Expertos.

De momento, el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales incluye una serie de medidas para proteger la salud física y psicológica de los menores.

En primer lugar, el pediatra tendrá que determinar a través de un cuestionario si su paciente sufre algún tipo de adicción digital. 

Se vigilará también si los menores que recurren de forma prioritaria al entorno digital tienen a otros recursos a su alcance “de ocio saludable, espacios de encuentro y oferta lúdica gratuita”, según el documento al que ha tenido acceso el diario El País.

La creciente criminalidad informática ha llevado al Gobierno a proponer cambios en el código penal.

Se implantará la "pena de alejamiento de entornos virtuales". Es decir, se prohibirá el acceso o comunicación a través de redes sociales, foros, chats y otros espacios virtuales cuando el delito se comete en ellos. Es una forma de penar el ciberacoso y para ello se hace necesario la reforma de código penal.

También se deberá reformar este castigar los delitos cometidos mediante el uso de la inteligencia artificial. La modificación de imágenes con inteligencia artificial o la simulación de voces sin el consentimiento de la persona afectada implicará penas de prisión.

El nuevo artículo 173 bis del Código Penal recogerá, según informa el diario El País, “pena de prisión de uno a dos años a quienes, sin autorización de la persona afectada y con ánimo de menoscabar su integridad moral, difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, software, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias”.

Además, “se aplicará la pena en su mitad superior si dicho material ultrafalsificado se difunde a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas en el espacio virtual”.

El uso de identidades falsas para “facilitar la ejecución de la conducta” delictiva o se hubiera atribuido una edad, sexo, género u otras condiciones personales diferentes de las propias, agravará la pena, que se impondrá en su mitad superior. Lo mismo sucederá si el delito cometido “genera un mayor impacto por su difusión a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas en el espacio virtual”.

El anteproyecto de ley que se aprueba hoy obliga además a los fabricantes de móviles, tabletas, ordenadores y televisores a incluir sistemas de control parental gratuitos, universales y de fácil manejo para los padres.

Según datos del Gobierno, los niños en España tienen su primer móvil a los 11 años. 

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