Desde el miércoles hemos visto cómo Pedro Sánchez quiere poner el foco en la lucha contra los bulos. El presidente del Gobierno habla de una campaña de difamaciones sobre los ataques contra él y su mujer. Pero hay matices. Es cierto que se han visto en los últimos meses y años hemos visto campañas de falsedades contra Begoña Gómez, acusándola de estar relacionada contra redes de narcotráfico y de ser transexual. Ya hay un proceso judicial contra los impulsores de esos bulos.

También hay publicaciones falsas que fueron rectificadas por los medios que las publicaron. Por ejemplo, diciendo que Begoña Gómez había cobrado una subvención pública. Se trataba de otra Begoña Gómez. Pero también es cierto que hay informaciones que no han podido ser refutadas de la Moncloa y que aportaban documentos, como una carta firmada por la mujer del presidente recomendando a una empresa que se presentaba a un concurso público. Este asunto ha abierto un debate en España sobre cómo y cuándo hay que regular las actividades de las parejas de los cargos públicos. Miriam González Durántez, fundadora de la asociación España Mejor, casada con Nick Clegg, que fue viceprimer ministro del Reino Unido, habla sobre esta cuestión en Informativos Telecinco.

Miriam González Durántez, que es abogada, relata cómo fue su experiencia personal cuando su marido llegó al cargo: "En el momento en el que hicieron el acuerdo de coalición, al día siguiente nos llamó el jefe de toda la administración, tanto a mi marido como a mí, y me dijo que si quería seguir trabajando, que es lo que quería hacer, tenía una parte en la que podía tener conflictos (tanto conflictos directos como indirectos, al trabajar en un bufete de abogados, clientes actuales y potenciales) iban a poner un sistema en el que tenía que dar la información de las empresas con las que tenía relación -ellos se encargaban de quitar todo tipo de decisiones que tengan que ver con esas empresas de cualquier posibilidad de que mi marido interviniera en esas decisiones-.

"Y luego también me dijo, en otra parte que tenía, que no era un conflicto, que no era ilegal, pero que en esa parte se podía producir una apariencia de conflicto y me aconsejaron fuertemente que lo dejara. Efectivamente, lo dejé y, a partir de ahí, todo el mundo contento realmente. Es bueno para la sociedad, para los políticos y es bueno para los cónyuges de los políticos, porque da seguridad", ha precisado González Durántez, que tuvo que informar sobre con qué clientes y empresas trabajaba entonces, cuando Nick Clegg era viceprimer ministro británico entre mayo de 2010 y mayo de 2015.

En cuanto a la investigación periodística sobre la carta de Begoña Gómez avalando una empresa que se presentaba a un concurso público, muchos se preguntan qué hubiera pasado con un caso así en el Reino Unido: "En el Reino Unido eso es impensable. Ni en los momentos en los que los estándares éticos han estado más bajos, que ha sido durante el Gobierno de Boris Johnson, hemos tenido este tipo de situaciones con respecto a los conflictos, precisamente porque tienen normas que funcionan bien", ha explicado González Durántez.

"Recuerdo personalmente haber visto a Cherie Blair pidiendo perdón públicamente delante de todos los medios de comunicación y de todo el país por una cosa menor, simplemente porque había habido un comisionista que tenía que ver con la compra de un piso, no tenía que ver con dinero público, ni su marido estaba en descuido, y aún así tuvo que pedir perdón por una situación considerada poco ética. La exigencia social en España tiene que ser más alta y es bueno que se controlen estas cosas y que se ponga el foco en estas cosas. Tenemos que salir de esto con un listón ético más alto", ha agregado la letrada.

Miriam González Durántez es presidenta de la asociación España Mejor, que trabaja en un código ético para las parejas o familiares de cargos públicos que quieren presentar en el Parlamento. Respecto a cuándo se presentará, González Durántez desvela novedades: "El código ya le tenemos. Estamos simplemente perfilándolo ahora e integrándolo en el ordenamiento jurídico español. Pero quiero precisar. No se trata, como dice el presidente ahora, de regular las actividades profesionales de las parejas de los políticos".

"Se trata de regular la actividad de los políticos, de que ellos tomen una serie de compromisos, por encima de los que tienen en la ley, compromisos éticos, como hace todo el mundo en empresas. O sea, en la sociedad real nosotros hacemos eso, no sé por qué los políticos no lo van a hacer. Se trata de ver, no solamente conflictos, ver la relación con la Administración, el no mentir en el Parlamento, en que no haya reuniones ministeriales sin funcionarios presentes, coches, aviones, casas que ellos utilicen... Todo este tipo de cosas y poner un sistema que asegure -una oficina de ética, un asesor independiente o una mezcla- que todo se cumple", ha sentenciado la abogada.

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