Las diferencias entre PP y PSOE sobre la el cobro de comisiones en la venta de mascarillas las enfrentan en las Cámaras. El Congreso constituirá el próximo martes la comisión de investigación sobre contratos de emergencia en pandemia, impulsada por los socialistas tras estallar el 'caso Koldo', mientras este lunes el Senado constituirá  la comisión de investigación a instancias de los populares, aunque solo se centrará en la posible trama en la que está implicado el ex asesor de José Luis Ábalos, ex ministro de Transporte.

Los objetivos de los distintos grupos se entrecruzan, pues mientras los socialistas pretenden incluir en la investigación a todas las comunidades, los 'populares' apuntan a altos cargos del PSOE y Junts para así poner 'en la picota' al candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, exministro de Sanidad durante los meses de la pandemia.

Fue a finales de febrero, tras las informaciones sobre la trama por la que fue detenido Koldo García Izaguirre, asesor del entonces ministro socialista José Luis Ábalos, cuando el PSOE registró esta comisión, que fue aprobada por el Pleno del Congreso el pasado jueves, pero sin apoyo del PP, que optó por la abstención, ni de Vox, que votó en contra.

Con ella los socialistas pretenden examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General de Estado, entre ellos los del caso Koldo, pero también revisar los procedimientos de contratación de otras administraciones públicas "con el fin de "estudiar y valorar posibles modificaciones de la legislación estatal en materia de contratación pública para evitar que aparezcan irregularidades en el futuro".

Y es en ese apartado de "otras administraciones" en el que los socialistas pretenden aprovechar para citar a los diferentes presidentes autonómicos, entre ellos la madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya pareja está siendo investigada por los presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental.

En cambio el PP lo que quiere es exigir explicaciones a dirigentes socialistas que en su día contrataron con la trama, como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres. De su lado, Junts quiere llamar a Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad y ahora candidato socialista a la Generalitat, pues le responsabiliza de esa corrupción por no conocerla o por consentirla.

Para que los planes de trabajo y las comparecencias salgan adelante, el PSOE necesitará el apoyo de todos los socios, los cuales pueden 'colar' comparecientes con el voto del PP y Vox y sin la anuencia de los socialistas.

Conforme a lo recogido en el escrito de la comisión de investigación, el PP y el PSOE tendrán tres integrantes cada uno, Vox y Sumar dos por cabeza, y los demás grupos contará con un único representante.

El PSOE ha elegido a dos miembros de la Comisión de Hacienda, el presidente, Alejandro Soler Mur, y el portavoz socialista, Juan Antonio González Gracia, y la tercera plaza se la ha reservado a Mercedes González, que fue concejal y delegada del Gobierno en Madrid, donde protagonizó varios enfrentamientos políticos tanto con el alcalde, José Luis Martínez Almeida, como con al presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Por su parte, el PP ha elegido a su dirigente Elías Bendodo como portavoz, que estará acompañado por Macarena Montesinos, secretaria general del Grupo Popular, y por José Vicente Marí, portavoz en la Comisión de Hacienda. Y Vox ha nombrado a dos de sus diputados más críticos con el PSOE, el valenciano Carlos Flores, portavoz en la Comisión Constitucional y en la de Exteriores; y el balear Jorge Campos, portavoz en Política Territorial y Cooperación.

En la sesión constitutiva de la próxima semana se elegirá a la Presidencia y al resto de puestos de la Mesa (dos Vicepresidencias y dos Secretarías). PSOE y Sumar aspiran a la mayoría, con tres puestos frente a dos del PP, que es el esquema habitual de las comisiones parlamentarias. Los socialistas aspiran además a que uno de sus tres representantes ocupe la Presidencia, lo que requiere el apoyo del resto de aliados parlamentarios del Gobierno.

Y una vez constituida la comisión, se abrirá un plazo para aprobar un plan de trabajo y proponer comparecencias, que sólo saldrán adelante si hay una mayoría detrás.

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