El fiscal general se reúne con la Abogacía e ICAM por la polémica sobre la pareja de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha reunido este viernes con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y con la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, por la polémica en torno a la pareja de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes fiscales han informado a EFE de que el encuentro se ha producido a instancias del fiscal general para aclarar varias cuestiones tras el comunicado emitido este jueves por la Fiscalía Provincial de Madrid sobre la investigación a Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso.

Declaración institucional

Tras la reunión, el Consejo General de la Abogacía ha aprobado una declaración institucional en la que condena la difusión de comunicaciones entre la defensa de un investigado y el fiscal por suponer "una clara vulneración de la garantía de confidencialidad" y exige que se estudie su autoría para "iniciar las acciones penales o disciplinarias contra quien corresponda".

Cuando se publicó el comunicado de prensa de la Fiscalía este jueves, el decano del Colegio de Abogados de Madrid llamó a la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez, para quejarse de la actuación del Ministerio Fiscal ante la revelación de conversaciones entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso.

La polémica arranca con la nota difundida la víspera por la Fiscalía de Madrid que confirma que "el único pacto de conformidad" con reconocimiento de dos delitos fiscales que ha existido en la investigación a Alberto González Amador es el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el pasado 2 de febrero.

Supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental

La Fiscalía aclara en la nota su actuación en relación con la denuncia que interpuso el 20 de febrero en los juzgados contra Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de facturas falsas y sociedades pantalla.

Ya este viernes, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha calificado de "extrema gravedad la revelación por parte de la Fiscalía, a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados".

En el escrito recuerda que "el Estatuto de la Abogacía establece en su artículo 22 sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendidos".

Añade que, "además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal destaca en su artículo 4 el límite de la obligación de informar por parte de la Fiscalía, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados".

Por ello, ha avanzado que "tomará las medidas pertinentes" en su Junta de Gobierno del próximo lunes, de cuyo contenido informará después en una rueda de prensa, ha dicho a EFE la institución.

El Consejo General de la Abogacía, por su parte, también ha pedido la inmediata constitución de una Comisión Mixta Fiscalía General del Estado-Consejo General de la Abogacía Española, para la revisión y actualización del Protocolo de actuación para juicios de conformidad.

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