La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera, ha exigido la "inmediata dimisión" del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, al considerar que las actuaciones del Ministerio Fiscal relacionadas con la denuncia de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dañan gravemente su prestigio.

Esta asociación, de carácter conservador, ha incidido en un comunicado en que la Fiscalía tiene "deber de sigilo" y que el derecho de defensa se puede ver vulnerado con "indeseadas filtraciones de las conversaciones sobre negociaciones en la búsqueda de una conformidad de las partes o de cualquier otra actuación en procedimientos que se encuentran sub iudice".

La Asociación de Fiscales ha asegurado que "de haberse producido la filtración por algún miembro de la Fiscalía, se habría vulnerado de forma grave, como mínimo, la ética que debe presidir su actuación" y señala a García Ortiz como "máximo responsable" de estos hechos. "Ante la actuación que daña gravemente el prestigio y la imagen del Ministerio Fiscal, la AF exige la inmediata dimisión del Fiscal General del Estado cómo máximo responsable de estos hechos", ha aseverado.

La petición de dimisión por parte de la AF es la última de las reacciones que se han producido en torno a la actuación de la Fiscalía en relación a la denuncia de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha mostrado su "rotundo apoyo" a la Fiscalía de Madrid y ha pedido no "instrumentalizar" a la institución en la "lucha político-mediática", después de que ésta aclarara en una nota de prensa la secuencia de acontecimientos en torno al pacto de conformidad que propuso la defensa de Alberto González Amador respecto a los dos posibles delitos fiscales que detectó Hacienda y denunció el ministerio público.

La UPF estima que la información que aportó la Fiscalía de Madrid es "aséptica, objetiva, respetuosa con los derechos de la defensa y dirigida a defender el principio de imparcialidad" de la institución.

Sin embargo, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) considera que la nota de prensa de la Fiscalía excedió "en mucho" su obligación de informar y causó un "perjuicio evidente" a la pareja de Ayuso.

En aquella nota de prensa, la Fiscalía explicaba que el pacto de conformidad fue propuesto por González Amador el 2 de febrero. Días más tarde, el fiscal tomó nota de la voluntad del investigado y ya en marzo remitió a su abogado la denuncia que había interpuesto en el juzgado contra él y cuatro personas "para facilitarle el derecho de defensa".

El ministerio público pidió investigar a Alberto González Amador y otras cuatro personas por supuestos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental, según la cual se habrían defraudado 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021. La polémica en torno a la actuación de la Fiscalía ha motivado que el fiscal general del Estado se reuniese con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega.

Al respecto, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha sacado su propio comunicado catalogando de "extrema gravedad la revelación de datos por parte de la Fiscalía Provincial de conversaciones" del abogado de Alberto González Amador con el fiscal.