La hostelería es uno de los sectores más afectados por la precariedad laboral, destacando por la alarmante cantidad de horas extra no remuneradas que soportan sus trabajadores. En 'La mirada crítica' nos hemos propuesto analizar este problema y cómo lo vive la sociedad española.
Hoy en día la hostelería es la profesión donde más horas extra se trabajan sin remuneración. Se estima que, en promedio, cada empleado hace 6,3 horas extra a la semana sin recibir pago, lo que equivale a unos 141 euros semanales que no se abonan, y cerca de 7.300 euros al año que terminan en los bolsillos de las empresas. Para solucionar este problema, los negocios del sector necesitarían contratar a unos 70.000 trabajadores adicionales para cubrir esas horas de más.
Hemos salido a la calle a preguntar sobre este dilema. La mayoría de ciudadanos nos han contestado que no se les pagan las horas extras, pero los pocos afortunados que sí reciben compensación tampoco están satisfechos: "Antes se pagaban mucho mejor".
Hacer horas extra sin recibir pago no solo implica una gran pérdida económica, sino también una considerable "pérdida de calidad de vida". También les preguntamos qué harían con esos 7.300 euros que pierden anualmente, y las respuestas variaron desde invertir en vacaciones u ocio hasta usarlo para la entrada de una casa.
Robert Rubio es camarero y ha intervenido en directo en ¡La Mirada Crítica' para contarnos su experiencia, un camarero que personifica perfectamente el problema del que hablamos: "He trabajado en varios sitios como camarero y nunca me han pagado las horas extras". Robert defiende que en algún día puntual "se puede pedir quedarse un rato más", pero lo que no se puede permitir es el abuso: "Estar dado de alta por 4 horas, trabajar 12 y cobrar 600 euros al mes no es normal".
Además, los días libres no estarían del todo bien vistos por parte de algunas empresas, ya que deben llamar a sustitutos por los que no quieren pagar y que, en su mayoría, no están dados de alta. Por otro lado, Robert le explicaba a Ana Terradillos que cuando solicitó en los sindicatos que estudiasen su caso para determinar si se trataba de explotación laboral, estos le pasaron una tarifa: "Entre 50 y 100 euros me pedían, cobrando 600, no lo pagué y me fui de allí".