La más que probable implantación de las lenguas cooficiales en la cámara baja hará que se disparen el presupuesto destinado a la traducción y la interpretación en este órgano. Si en el año 2010 el Senado gasta en traducción unos 20.000 euros, este coste se multiplicaría por 14 y ascendería a casi 300.000 euros al año, a lo que habría que sumar la partida gastada en pinganillos.

Se trata de una petición directa por parte de los grupos independentistas, a cambio de apoyar el nombramiento de la socialista Francina Armengol como presidenta.

Según explica un portavoz del Senado, en cada sesión se emplean unos siete intérpretes, con un gasto total de 6.000 euros, lo de que deja una media de 857 euros por jornada y empleado. Una estimación, en cualquier caso, aproximada, pues la Asamblea aprobó en 2020 que los traductores cobraran 555,22 euros por jornada de interpretación, además de 180 euros por dieta y 0,19 euros por kilómetro si hubiera desplazamiento.

El Congreso ya tiene tres intérpretes, pero al estar integrados en la Dirección de Relaciones Internacionales, se encargan solo de realizar traducciones en tres idiomas: inglés, francés y alemán. Nada de lenguas cooficiales. Lo más lógico es que el Congreso imite el modelo del Senado, que desde el año 2005 tiene una bolsa de 25 intérpretes de los que tira para que sus señorías puedan usar el euskera, el gallego o el catalán. Trabajan desde unas cabinas de la Sala Europa de la Cámara Alta donde traducen al castellano.

Desde el Congreso son conscientes de que la nueva realidad lingüística de la Cámara Baja necesitará de la contratación de nuevos recursos humanos y técnicos, es decir, que se tendrá que contratar personal y disponer de nuevos medios. El Senado hizo un proceso selectivo en 2005 para seleccionar a sus intérpretes, pero nunca los han incorporado a su plantilla oficial