"No volvería a denunciar" es una de las frases que destaca Amnistía Internacional (AI) tomada de los testimonios de las víctimas que han participado en un informe sobre violencia sexual. Los expertos señalan que lo grave de este asunto es que las juzgadas son las víctimas. Así, la ONG denuncia la falta de políticas públicas específicas para atender estos casos, el recorrido "lleno de obstáculos y prejuicios" al que tienen que hacer frente las víctimas y el trato desigual que reciben según la comunidad autónoma en la que se produce la agresión o se denuncia.

"El cien por cien de las mujeres no volvería a denunciar incluso con condena ¿Por qué van a querer pasar por este infierno?", sostiene una abogada penalista experta en violencia sexual en una de las entrevistas del informe. Su testimonio coincide con el de otra experta en violencia sexual que asegura que solo aconseja denunciar a las mujeres que "están preparadas psicológicamente para obtener una respuesta negativa por parte de la justicia".

Según Amnistía, desde el momento de la violación o cualquier otra forma de violencia sexual, independientemente de que la mujer decida denunciar o no, esta se enfrenta a la "falta de protocolos claros" de actuación y a la "ausencia de formación específica" de los profesionales que las atienden, tanto policía, personal médico, forense y judicial.

España, según este informe, está a la cola de la Unión Europea en cuanto a denuncias, concretamente en el puesto 25 de 32, que se traduce en 2,65 violaciones denunciadas por cada cien mil habitantes, según los últimos datos de Eurostat. Entre enero y junio de 2018 se denunciaron 788 violaciones, más de 4 al día, según datos del Ministerio del Interior.

Estas cifras contrastan con las de la Macroencuesta sobre Violencia contra las Mujeres en España de 2015, que revela que más de 3,2 millones de mujeres ha sufrido violencia sexual. Pero ni estas encuestas ni los datos de denuncias reflejan la dimensión real de la violencia sexual en España, según la ONG, que habla de la falta de información oficial al respecto, necesaria para la implantación de políticas públicas específicas.

A este "invisibilización" del problema, esta organización añade la falta de políticas públicas en materia de violencia sexual, sobre todo cuando esta se produce fuera del ámbito de la pareja o expareja, es decir, por terceros, pues no se incluye en la Ley Integral contra la Violencia de Género.

"Estas víctimas son las grandes olvidadas", afirman desde Amnistía, que reclama la reforma de los delitos contra la libertad sexual del Código Penal, con un tipo específico de violación donde el elemento clave sea el consentimiento libremente otorgado, tal y como establece el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, ratificado por España en 2011.

La ONG constata que en todas las comunidades autónomas existen carencias en la atención a las víctimas. En concreto, constata que "ninguna" de las 17 autonomías cuenta con 'centros de crisis' con personal multidisciplinar y con una "verdadera especialización" en violencia sexual, disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, como establece el Consejo de Europa.

Además, señala que hay diez comunidades autónomas --Aragón, Baleares, Canarias, Castilla La Mancha, Extremadura, País Vasco, Galicia, La Rioja, Murcia y Navarra-- y Ceuta y Melilla, que carecen de centros de atención especializados para víctimas de violencia sexual.

Los protocolos de actuación o coordinación son distintos en cada autonomía. Aunque la atención médica, incluida la exploración ginecológica, esté garantizada, sin embargo, en unas comunidades es necesaria la denuncia para recibir atención sanitaria.

Mientras en Andalucía se puede acudir al centro médico antes o después de la denuncia, en Madrid capital hay que denunciar antes de acudir a La Paz, que es el único hospital de referencia para garantizar la presencia de personal forense, algo que no es necesario en otros municipios de esta comunidad. La obligatoriedad de poner una denuncia puede "invisibilizar", según Amnistía, a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

La falta de una adecuada formación con perspectiva de género las personas que atienden a víctimas de violencia sexual es otro de los obstáculos a los que estas se enfrentan. "Las preguntas eran muy repetitivas, y hacía como caras, me hacía sentir incómoda, porque yo veía en su cara que no me creía", relata una mujer sobre el interrogatorio en comisaría. En este sentido para los autores del estudio, la ropa de la víctima, la hora en que se produjo la violación, si había bebido o su nacionalidad "no pueden ser argumentos utilizados para mermar su credibilidad".