Este proyecto, financiado por la Unión Europea a dos años, tiene como objetivo mejorar el acceso a la compensación para las personas tratadas y a las víctimas de delitos conexos. Ha sido presentado este martes durante la jornada 'Acceso a la justicia y a la compensación a víctimas de trata en perspectiva: evolución y desafíos actuales, 1999-2019', organizada por el Proyecto ESPERANZA Adoratrices.

La investigación, en la que han participado 12 países (entre ellos España) y 12 organizaciones, pone de relieve las "barreras" que existen para que las víctimas de trata accedan y vean satisfecho su derecho a la compensación, un derecho internacionalmente reconocido. Según han explicado las abogadas de las entidades representantes del proyecto 'Justice al last' en España, Marta González de Proyecto ESPERANZA, y Sandra Camacho de Sicar CAT, van desde la información y atención que reciben, hasta obstáculos de carácter legal, procesal y financiero.

En total se han analizado 60 casos en los que las víctimas buscaron obtener una compensación por el daño sufrido a través de diversas vías, incluidos procedimientos penales y civiles. De ese total, en 40 casos un tribunal decidió otorgar una indemnización; pero de esos 40 casos en los que las víctimas vieron reconocido su derecho a recibir una indemnización a través de una sentencia, únicamente en 11 casos llegaron a percibir una "parte mínima" y "simbólica" de la cuantía que le correspondía.

En palabras de la coordinadora de Sensibilización e Incidencia del Proyecto Esperanza-Adoratrices, Marta González, "únicamente" dos de cada tres víctimas obtuvieron el reconocimiento del derecho a la compensación, al tiempo que "sólo" una de cada cuatro de las que vieron dicho derecho reconocido lograron "un pago efectivo" de la indemnización. En este contexto, ha lamentado que este pago sea "anecdótico y excepcional", aunque sí ha resaltado que en España han aumentado el número de compensaciones otorgadas a víctimas de trata.

Respecto a las cuantías a percibir, los 40 casos en los que fue establecida una indemnización para las víctimas muestran "enormes" diferencias. La máxima compensación fue dada por un tribunal penal de Rumanía a una mujer que fue objeto de trata con fines de explotación sexual por parte de un crimen organizado, un casos en el que se otorgaron 190.000 euros al reconocerse daños morales y materiales por explotación sexual, drogadicción e infección del VIH.

La cuantía más baja corresponde a un caso de trata con fines de explotaxción sexual en Austria, donde el tribunal penal otorgó una indemnización de 800 euros a la mujer por daños morales y materiales. Con estos ejemplos, la abogada Sandra Camacho, del Proyecto de Sicar CAT Adoratius, ha denunciado la "disparidad" en cuanto a las cantidades reconocidas, al tiempo que ha reclamado una guía que unifique los criterios judiciales en este sentido.

Tanto González como Camacho, representantes del proyecto 'Justice at last' en España, han destacado que en la mayoría de los casos en los que se ordenado una compensación para la víctima, éstas encuentran varios obstáculos para finalmente llegar a cobrarla. Esto sucede, por ejemplo, cuando no se localiza a los tratantes, no se les procesa, o cuando éstos trasladan sus activos al extranjero o se declaran en quiebra, evitando así la confiscación de sus bienes y tener que pagar la compensación.

En esta línea, uno de los retos señalados durante su intervención ha sido precisamente que se lleven a cabo investigaciones financieras de los tratantes acusados al inicio del procedimiento, con el objetivo de que se les pueda incautar bienes desde el comienzo y, de este modo, puedan satisfacer la compensación que el juez establezca para la víctima.

Durante la presentación del estudio, también se ha puesto de manifiesto los problemas que las mujeres y niñas víctimas de este tipo de delitos tienen de cara a denunciar su situación. A menudo, según ha explicado González, "no pueden denunciar de manera segura la explotación" que padecen por su "falta de confianza" en la ley, especialmente cuando se encuentran en situación irregular en el territorio nacional. Ante este "temor a la expulsión", González ha reclamado un "cortafuegos" que garantice que a las víctimas de trata en esta situación no se les incoe un expediente de expulsión.

Para el fiscal de Sala de la Unidad de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, estas mujeres y niñas deben tener la protección internacional "independientemente de su nacionalidad y situación irregular". Además, ha reivindicado el reconocimiento de las víctimas de trata como tales y la necesidad de acometer cambios legales para ello. "Es una exigencia irrenunciable. Se trata de compensar a personas con episodios equiparados a la tortura", ha manifestado.

Asimismo, González ha afirmado que "pocas" de las víctimas obtienen información y apoyo para poder denunciar y reclamar sus derechos, que, en la mayoría de las ocasiones, se encuentran con la barrera idiomática. En muchos países, según ha expuesto, la asistencia jurídica gratuita para estas víctimas "no está disponible", aunque éste no es el caso de España.

Otro de los aspectos analizados en el estudio es precisamente la duración de los procedimientos de indemnización, que en su mayoría fueron por la vía judicial: en uno de los casos estudiados duró nueve años, mientras que el más corto se resolvió dentro de un año.

Los expertos que han inaugurado la jornada han puesto de relieve los "avances" que se han dado con respecto a la visibilidad de este delito, su prevención, y sensibilización, entre otras cosas. Concretamente, en el caso de España hace una década la trata de seres humanos no se percibía por parte de la mayoría de la sociedad como una "violación de los derechos humanos", tal y como ha expresado la subdirectora adjunta de coordinación interinstitucional de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Miriam Benterrak. A su juicio, todos los retos que hay pendientes en esta materia deben abordarse en una futura ley integral contra la trata.

"Pero pese a los avances, no podemos darnos por satisfechos", ha incidido Marta González, hablando en nombre del Proyecto ESPERANZA, que es la respuesta de la Congregación de Religiosas Adoratrices al problema de la trata de mujeres en España y que desde 1999 ha atendido a más de 1.000 personas.