Portillo deberá acudir al Tribunal Undécimo que ha programado para mañana el inicio del debate oral y público en su contra por el delito de peculado (malversación) de unos 120 millones de quetzales (15 millones de dólares) del Ministerio de la Defensa.

El inicio del debate sigue en pie debido a que la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó hoy, durante una audiencia, trasladar el caso a un tribunal de alto impacto como lo solicitó la Fiscalía, por considerar que los jueces del Tribunal Undécimo "corren peligro".

Al respecto, el abogado de Portillo, Telésforo Guerra, sostuvo que "nunca ha habido una sola amenaza contra ningún juzgador".

"Nosotros no nos dedicamos a amenazar a juzgadores, solamente se les ha demostrado que no existe delito en este caso", subrayó.

El presidente de la Cámara, César Barrientos, dijo al término de la audiencia, a la que asistió Portillo, que no procede elevar la causa a una judicatura de alto impacto.

Durante la audiencia, el ex presidente guatemalteco insistió en que el proceso en su contra es una "trama" y una "conspiración" entre la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El abogado de Portillo también insistió en que su cliente no puede ser juzgado por el delito de peculado porque durante su administración no manejó recursos del Estado.

Reiteró que incluso la Contraloría General de Cuentas le entregó los finiquitos a Portillo luego de entregar el poder.

"El peculado jamás se lo van a probar y por eso buscan tramas para tenerlo preso", señaló Guerra en declaraciones a una emisora local.

Aseguró que Portillo está dispuesto a acudir al inicio del debate oral y público en su contra en el que se demostrará su inocencia.

El jurista dijo que la Fiscalía pretendía que se trasladara la causa a un tribunal de alto impacto como "una maniobra" para evitar el inicio del juicio, que estima, podría durar al menos dos meses.

Guerra también reiteró que el proceso abierto en contra del ex presidente guatemalteco es una "persecución política".

Portillo fue capturado en enero de 2010 en las costas del Caribe de Guatemala, a petición de los Estados Unidos, que lo reclama en extradición por el delito de conspiración para el lavado de dinero por unos 70 millones de dólares.

Las autoridades judiciales ya dieron luz verde a la extradición, pero antes el ex presidente debe ser juzgado en su país por el delito de peculado, por el que fue extraditado de México en octubre de 2008.

La extradición a Estados Unidos debe ser firmada, en última instancia, por el presidente de Guatemala.