España quiere ser pionera en la defensa del menor: las familias a veces son su tumba

Hace poco más de un año el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a que elaborara una Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia. Ya como anteproyecto, esta normativa está lista para ser debatida en la Cámara Baja con “todo tipo de medidas de concienciación, sensibilización, formación de profesionales y prevención en todos los niveles”, afirma a Informativos Telecinco una de las expertas que ha participado en su redacción, la directora de la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad Pontificia de Comillas, Clara Martínez.

Con el niño como único protagonista, esta medida pretende aglutinar en un solo texto todo el enfoque necesario para proteger a los menores. Algo que ya pidió a España el Comité de los Derechos del Niño en el año 2011 y volvió a recordar a principios de 2018. “Llega un poco tarde”, reconoce Martínez, aunque también se muestra orgullosa porque tanto la sociedad, como las distintas asociaciones y la universidad, se hayan movido para que salga adelante. Una normativa que, aunque con retraso, nos va a poner a la cabeza en el mundo. “Somos el único país que va a tener esta ley. Vamos a ser los primeros”, continúa.

“Siguiendo un poco el esquema de la ley de Violencia de Género”, según reconoce Martínez, el proyecto puede convertirse en uno de los grandes acuerdos de esta legislatura, con el apoyo de todos los grupos políticos. Dentro, el reconocimiento de todas las formas de violencia a los menores, incluida la psicológica o el maltrato institucional, para que los niños y jóvenes cuenten con el respaldo que muchas veces les falta.

Entre las medidas más comentadas, destaca la creación de un registro unificado de menores víctimas que permitirá disponer en una sola unidad toda la información. “En la actualidad hay datos, pero como esta es una competencia autonómica, cada una hace lo que quiere. Tenemos un pequeño problema que la ley pretende solucionar para que se adopten medidas basadas en evidencias”, afirma Martínez.

Junto a ella, la norma desarrollará medidas específicas para la protección de los grupos más vulnerables, como las niñas, los menores con discapacidad, LGTBI o los extranjeros no acompañados. Asimismo, recoge el abuso sexual, el acoso a través de Internet y las redes sociales o el deber de denuncia de carácter general y en los profesionales.

En el 60% de los casos, la violencia la ejerce la propia familia, según los datos de la fundación ANAR. “Es complicado detectarla pero no imposible”, reconoce Martínez, aunque asegura que "los niños después van a la escuela, al médico y ahí es donde se puede actuar".

Una torta a tiempo no sirve para nada

Dichos como “una cosa es moler a palos a un crío y otra, pegarle un azote suave en el culo” están más que arraigados en España. La violencia en el ámbito familiar es un hecho y el debate sobre los cachetes o tortas a los menores ha estado abierto durante muchos años. “La torta es un error desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista jurídico está penado”, afirma la directora de la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad de Comillas.

En su opinión, el papel que tienen en la actualidad los niños con respecto a los adultos es parecido al que la mujer tenía con el hombre. “Para muchos padres, los niños son suyos como propiedad y, por tanto, tienen derecho a pegarle”, afirma Martínez. Una violencia que en la familia, es casi por igual y que, subraya, ocurre en todas las clases sociales: “tiene que ver con el ejercicio de autoridad, se abusa de la confianza que tiene el niño”.

Proteger su futuro

La violencia durante la infancia determinará el futuro de las víctimas. En especial, aquella que se ejerce durante los 0 a 3 años, ya que se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, según reconoce la Organización mundial de la Salud. Como consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato tienen más posibilidades de realizar actos violentos, sufrir depresión o llevar a cabo comportamiento sexuales de alto riesgo.

En opinión de Martínez, el menor tiene una mayor probabilidad de asumir la violencia como algo normal o convertirse en agresor. Unas víctimas silenciadas que, de aprobarse, dispondrán de una legislación con un código común: ellos.