Se considera inmigración irregular o inmigración ilegal al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y, en ocasiones, también del país de procedencia. Esta situación se contrapone a la de los migrantes legales, que son aquellos que entran en un nuevo país cumpliendo los distintos requisitos legales que se exijan en él. En el caso de España, los migrantes legales gozan de gran parte de los derechos que se asocian a los nacionales españoles; sin embargo, en el caso de la inmigración ilegal, tan solo se garantizan los derechos más básicos. ¿Cómo es la legislación en España para los inmigrantes ilegales? ¿A qué tienen derecho realmente y cómo se han visto reducidos estos derechos?

La persona que se encuentra en situación de inmigración irregular es considerada un inmigrante irregular, un inmigrante ilegal, un inmigrante sin papeles o simplemente un 'sin papeles’, al no disponer de permiso de residencia o permiso de trabajo. Sin embargo, existen ciertos derechos básicos que son garantizados. Son los siguientes:

En realidad, el acceso a la sanidad por parte de los inmigrantes ilegales se ha visto mermado en los últimos años. Tal y como recuerda la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (Picum), la Ley General de Sanidad no 14/1986 afirma que “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”.

A pesar de esta Ley general, el parlamento español adoptó el Real Decreto-Ley 16/2012 como parte de sus medidas de austeridad, para "garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones". El Decreto entró en vigor el 1 de septiembre de 2012, y desde sus inicios ha sido criticado por varias organizaciones de salud y de la sociedad civil por su naturaleza discriminatoria, ya que limita el derecho a la atención sanitaria de determinados grupos vulnerables, especialmente el de los migrantes irregulares.

Según recuerda la Plataforma, "antes de la adopción del Real Decreto-Ley 16/2012, el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) en España era universal y gratuito. A los migrantes irregulares se les pedía únicamente presentar una tarjeta sanitaria individual que podía obtenerse basándose en un requisito de residencia, un documento de identidad y el hecho de estar empadronados”. Sin embargo, con la aprobación del Real Decreto, el requisito de residencia deja de ser suficiente para obtener la cobertura sanitaria, y un amplio sector de la población se ha quedado sin atención sanitaria.

Sin embargo, al menos en teoría, se permite el acceso a los servicios de asistencia sanitaria de urgencia a los migrantes irregulares y a la atención primaria y secundaria a los menores de 18 años y a las mujeres embarazadas en situación irregular. La plataforma denuncia que este derecho, en muchas ocasiones, no se cumple.

España es uno de los pocos países de la UE que garantiza de forma clara el derecho de acceso a la educación primaria y secundaria de los niños en situación administrativa irregular. Esto quiere decir que se trata de un derecho protegido no solo por la Constitución, sino también por la legislación.

En concreto, el capítulo 29, sección 4 de la Ley de Migración de 2011, así como en el artículo 10, punto 3 de la Ley Orgánica 1/1996 del 15 de enero, garantizan este derecho. Adicionalmente, la sentencia STC 236/2007 del Tribunal Constitucional español, establece que los niños y jóvenes hasta 18 años tienen derecho a recibir educación no obligatoria y que el apoyo financiero debería estar garantizado.

Además, en España también se permite solicitar becas y asistencia social y obtener un diploma escolar a niños y jóvenes en situación administrativa irregular hasta 18 años. Asimismo, al igual que los nativos españoles, este grupo tiene derecho a adquirir otras cualificaciones, obtener asistencia financiera y acceder a puestos de prácticas.

El derecho a la vivienda digna que recoge nuestra Constitución es, quizás, uno de los menos creíbles para los españoles. Al menos en teoría, se trata de un derecho integral que incluye el acceso a una vivienda adecuada, segura y sostenible. En el caso de los inmigrantes en situación irregular, este grupo no suele tener acceso a viviendas subvencionadas y otras ayudas del Estado, quedando relegados por tanto al mercado privado de la vivienda, tal y como recuerda Picum.

Según la legislación española, los migrantes solo obtienen los mismos derechos que los nativos en materia de vivienda pública cuando son residentes de larga duración. Además, el estatus irregular de los migrantes también implica que, en muchos casos, no tengan acceso a los mecanismos de reclamación en el mercado de la vivienda.

La legislación española establece, sin embargo, que todas las personas, independientemente de su estatus legal, tienen acceso a alojamiento de emergencia. Eso sí, la duración de la estancia suele estar limitada. Una vez vencido el tiempo máximo adjudicado, "corren el riesgo de verse en la calle, lo cual es también el caso para los nativos españoles".

Hablar de desplazamientos migratorios requiere utilizar el lenguaje adecuado en cada caso y, en este sentido, existen dos términos que con frecuencia se utilizan indistintamente pero que son bien diferentes. Los migrantes, tal y como recuerda ACNUR, "eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar, o por otras razones". Al contrario, los refugiados "no pueden volver a su país de forma segura", mientras que los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno.

Así, los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. "A menudo, su situación es tan peligrosa e intolerable, que cruzan fronteras nacionales para buscar seguridad en países cercanos, y así, ser reconocidos internacionalmente como refugiados, con asistencia de los estados, el ACNUR y otras organizaciones. Ellos son reconocidos precisamente porque es demasiado peligroso para ellos el regresar a casa, y necesitan asilo en otros lugares. Estas son personas, a quienes negarles el asilo, puede traerles consecuencias mortales”, recuerda la organización.

A nivel legal, los gobiernos tratan a los migrantes conforme a su propia legislación y procedimientos en materia de inmigración; en el caso de los refugiados, el tratamiento es distinto y se basa en las normas sobre el asilo y la protección de los refugiados. "Los países tienen responsabilidades específicas hacia cualquier persona que solicite asilo en su territorio o en sus fronteras”, recuerda ACNUR.