El debate abierto esta semana en el Congreso de los diputados es el primer paso para despenalizar la eutanasia. Hasta ahora quienes ayudan a morir a alguien se enfrentan a penas de prisión de hasta 8 años de cárcel. Con esta iniciativa se pretende despenalizar la cooperación indirecta o la ayuda a morir "de manera segura, pacífica y sin dolor" a aquellas personas que lo hayan pedido de forma "expresa, libre e inequívoca".

El PP no ve necesario modificar el tema. Por su parte, Ciudadanos se abstiene aunque creen que hay que legislar el fin de la vida y consideran que antes hay que asegurar los paliativos con una ley nacional.

Hasta hoy el único avance es el que otorga el derecho a no recibir tratamiento en determinados casos. Una opción insuficiente para los defensores de la eutanasia. “No tienes por qué esperar morir exhausto en un lecho”, sostiene Ascensión Canbrón, vicepresidenta de la Asociación Derecho a una muerte digna en Galicia. “El derecho a poder escoger cuándo consideras que tu vida ya no es digna”, apunta Nani Hidalgo desde la misma asociación en Cataluña. Es la postura de quienes consideran la eutanasia un derecho básico.

Quienes están en contra de la despenalización dan, entre otros, la alternativa de un adecuado plan de cuidados paliativos. Pablo Requena, médico y sacerdote, asegura que esos cuidados, al reducir sufrimiento en enfermos terminales o degenerativos, suele eliminar el deseo de eutanasia de la mayoría. Pero ese tipo de terapia no llega a toda la población. Los últimos datos señalan que este año morirán en España casi 60.000 personas sin recibir los cuidados paliativos que hubieran necesitado.