Un total de 23 provincias, entre ellas las nueve de Castilla y León, ha perdido alrededor de la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en España en los últimos 70 años, según el informe 'La despoblación de la España interior' editado por Funcas.

Todas estas provincias cumplen los dos criterios adoptados para ser incluidas en la que se ha denominado la 'España despoblada' como haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener un densidad por debajo de la media nacional, en ambos casos considerando exclusivamente los municipios que no son capitales de provincias ni superan los 50.000 habitantes.

El informe 'La despoblación de la España interior', editado por Funcas, analiza el fenómeno de la despoblación en España acotando su dimensión temporal y geográfica, así como sus vínculos con los factores económicos que lo determinan y el mismo detecta además que la España despoblada "no es un todo uniforme".

Según Funcas, existen hasta tres grupos de provincias que caracterizan las diferencias demográficas y económicas dentro de ella: "una España despoblada que decrece, una España despoblada que se estanca y una España despoblada que remonta".

El informe apunta que la población española se ha multiplicado por 2,5 desde 1900, al pasar de 18,6 millones de habitantes a superar los 47 millones y, sin embargo, la distribución territorial de este crecimiento no ha sido homogénea.

En este sentido, Funcas explica que la mecanización de la agricultura, la industrialización y la urbanización provocaron, a partir de los años 50, intensos movimientos migratorios desde las zonas rurales a las grandes ciudades y la pérdida de población se concentró entre los jóvenes y en general entre las personas en edad de trabajar, lo que acarreó un envejecimiento de la pirámide demográfica de los que permanecieron y, a la larga, un crecimiento vegetativo negativo.

Si se excluyen las capitales de provincia y las ciudades de más de 50.000 habitantes, las 23 provincias que formarían la 'España despoblada' son las nueve de Castilla y León, las tres de Aragón, cuatro de Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), las dos de Extremadura, dos gallegas (Lugo y Ourense), otras tantas andaluzas (Córdoba y Jaén) y La Rioja.

Algunas otras provincias se sitúan en el límite de cumplimiento de alguno de los dos criterios que se han tenido en cuenta. Así, Asturias también ha perdido población desde 1950, pero su densidad actual -excluyendo su capital y las ciudades de más de 50.000 habitantes- supera a la media nacional.

En paralelo, provincias con menor densidad de población que la media han tenido un crecimiento demográfico desde 1950 son Álava, Almería, Navarra, Huelva, Lleida y Toledo.

Otros territorios dentro de las demás provincias no incluidas en esta relación cumplirían también los dos criterios para formar parte de la España despoblada, pero el análisis se ha realizado exclusivamente tomando datos agregados por provincias.

En conjunto, las 23 provincias albergaban en 1950 el 34,1 por ciento de la población española (incluyendo aquí capitales y ciudades de más de 50.000 habitantes) y generaban el 26,7 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 33,5 del empleo total, mientras que en la actualidad acogen el 18,1 por ciento de la población, producen el 16,1 por ciento del VAB y aportan el 17 por ciento del empleo.

La mayor parte de su pérdida poblacional y económica tuvo lugar en los años 50, 60 y 70 del siglo pasado y, de forma menor, en los 80, y desde 1991 se detecta una estabilización de la población con un leve aumento en la primera década de este siglo.

La tasa de crecimiento medio anual acumulativo del PIB desde 1950 ha sido casi un punto porcentual inferior a la media nacional en Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Ourense, y más de medio punto inferior en Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Huesca, Teruel y Ciudad Real.

La "brecha" que genera este diferencial de crecimiento anual a lo largo de casi 70 años "es enorme", refleja el informe, que apunta que las provincias que han padecido la despoblación con mayor intensidad son también las que tienen mayores tasas de envejecimiento, cerca de diez puntos porcentuales por encima de la media nacional (que es del 16 por ciento) en términos de población mayor de 65 años y menos población joven, entre siete y nueve puntos por debajo del 21 por ciento, que es el promedio del país.

En el trabajo se detectan diferencias importantes tanto en la trayectoria pasada como en la situación actual de las provincias afectadas.

Así, las 23 provincias de la España despoblada se han dividido en tres grupos, uno primero en el que se engloba la España despoblada que decrece y es el núcleo duro de la despoblación. Lo forman Ávila, Cuenca, León, Zamora, Salamanca, Lugo, Ourense, Segovia, Palencia, Soria y Teruel.

Cuenta con los peores registros demográficos, ya que ha perdido más población que los demás, tiene menos densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, una población más envejecida y un efecto añadido como es una "muy fuerte destrucción de empleo". Estas provincias han seguido perdiendo población en el siglo XXI con dos excepciones, Salamanca y Segovia.

El segundo grupo, la "España despoblada que se estanca", lo integran las provincias más pobladas, que, si bien sufrieron importantes procesos migratorios, no han perdido tantos empleos y mantienen una buena base de población joven: Albacete, Ciudad Real, Badajoz, Cáceres, Córdoba y Jaén.

Su principal desventaja en comparación con los otros dos grupos son las variables económicas: escaso peso del sector industrial, bajos niveles de PIB por habitante y muy elevadas tasas de paro.

"Probablemente, el problema no sea tanto demográfico como de reactivación económica y de utilización más productiva de sus recursos", ha apuntado Funcas.

El tercer grupo, formado por Guadalajara, Burgos, Huesca, La Rioja, Valladolid y Zaragoza, es la "España despoblada que remonta". Se sitúa en una posición intermedia en cuanto a indicadores demográficos, con escasa densidad de población y problemas de envejecimiento, pero presenta los mejores registros económicos: un PIB per cápita por encima de la media, baja tasa de paro, elevado peso del sector industrial y, aun habiendo perdido población, la presencia de importantes núcleos capitalinos les ha permitido una creación de empleo positiva.

En este contexto, las políticas destinadas a aumentar la cohesión territorial deberían tener en cuenta la diferente naturaleza de los problemas de cada uno de los grupos, habida cuenta de sus distintas condiciones demográficas y económicas.